La sentencia se conocerá el viernes 19, a las 12.
Se trata de un cambio de pena importante. Es que en el legajo de remisión a juicio las penas solicitadas por el fiscal Facundo Barbosa fueron de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. Valeria Burkhard, abogada de Belén Sánchez, la chica que impulsó el caso, mantuvo su pedido de pena de 20 años de cárcel para ambos.
Al cierre de los alegatos de clausura, Barbosa se negó a hablar.
Con el correr de las audiencias, el fiscal modificó el pedido de pena con el que había llegado a juicio. Atenuó la acusación respecto de Vargas, quien supo ser Siervo Ministerial en el Salón del Reino de Santa Elena; y solicitó al Tribunal que a Panza se le aplique la Ley Nº 22.278, que ha fijado la edad de punibilidad a partir de los 16 años de edad.
Por su parte, el abogado Roberto Alsina, defensor de los acusados, pidió la prescripción de los delitos respecto de Vargas y sostuvo que Panza era menor no punible, y puso en duda que al momento de los hechos haya tenido 16 años. En caso de ser considerado que al momento del hecho era menor de 16, la Ley dice que por debajo de esa edad “no se habilitara castigo a los adolescentes que realizaran conductas prohibidas por la ley penal y, consecuentemente el ámbito de libertad que se encuentra exento de intervención punitiva”.
Tras los alegatos, el Tribunal integrado por los jueces María Carolina Castagno, Elvio Garzón y Gustavo Pimentel anunció que dará a conocer su sentencia el viernes 19, a las 12.
El juicio comenzó el miércoles 10 y por las audiencias pasaron fieles y autoridades de los Testigos de Jehová de Santa Elena que, en su mayoría, se mostraron renuentes de dar información. Este jueves, tres Ancianos, autoridades del Templo santaelenense, evitaron colaborar para dilucidar los hechos. Lo hicieron amparándose en el artículo Nº 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla que puedan abstenerse de declarar sobre hechos “secretos” que hubieran conocido los “ministros de un culto admitido”. Las autoridades que eligieron el silencio son Lucas Pedernera, Pablo Paunera y Aldo Córdoba.
La causa se abrió en 2017, cuando Belén, de 18 años, escrachó en Facebook a Vargas y Panza. En el posteo los acusó de abusadores de menores. El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a Belén, pero el caso no prosperó. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán.
Finalmente, a partir de la denuncia de Belén una joven de María Grande se animó a denunciar en 2019 a un miembro de los Testigos de Jehová. Esta última causa ya fue cerrada y el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, solicitará la elevación a juicio.
