Rossi cuestiona la participación de Lara en el programa televisivo “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), emitido el 13 de marzo, donde el funcionario se refirió de manera directa y subjetiva a la Municipalidad de Santa Elena, al propio Rossi y a causas pendientes en el Tribunal de Cuentas, así como al proceso de enjuiciamiento que enfrenta, al que calificó como una “feroz ofensiva”. Entre esas declaraciones fue muy duro con las series de irregularidades detectadas en la Municipalidad de Santa Elena bajo la gestión del actual intendente Domingo Daniel Rossi. Contó la paradoja que el Tribunal de Cuentas remitió –respetando la autonomía municipal- que se hagan actuaciones por irregularidades en ese Municipio en un período anterior del actual intendente, pero nunca se hizo nada. Además, advirtió que “su Contador y su Tesorero no tienen estabilidad en el cargo, porque no tienen acuerdo del Poder Legislativo local, no tienen acuerdo del Concejo Deliberante (…) Pero, además el contador es un auxiliar, ni siquiera es un profesional”.
“La situación de Santa Elena es una situación compleja y preocupante”, sintetizó el presidente del Tribunal de Cuentas.
Rossi, que ya lo había denunciado a Lara ante el Jurado de Enjuiciamiento, proceso que no prosperó por cuanto la presentación se rechazó “in límine”, vuelve a cargar contra el responsable del Tribunal de Cuentas.
Según el jefe comunal, Lara quebró el deber de imparcialidad, reserva y decoro, violando las obligaciones propias de su rango, equiparado al de un juez del Superior Tribunal de Justicia por mandato constitucional. En la presentación se citan normas de la Constitución de Entre Ríos, la Ley N.º 9283, el reglamento interno del Tribunal de Cuentas, y doctrina nacional que exige que los magistrados se abstengan de realizar manifestaciones públicas sobre causas bajo su órbita.
Asimismo, Rossi sostiene que el Dr. Lara utilizó su cargo como plataforma mediática para victimizarse e intentar influir en la opinión pública, afectando el desarrollo regular del procedimiento y presionando indirectamente a los órganos del Estado encargados de juzgarlo.
La presentación solicita que se incorpore este hecho como agravante de la denuncia original, se disponga su suspensión preventiva y, eventualmente, su destitución por mal desempeño. También se formuló reserva federal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando afectación a garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y el acceso a un tribunal imparcial.
