Municipios de Entre Ríos adhirieron al esquema de Buenas Prácticas de Aplicaciones fitosanitarias. Se sumaron las ciudades de Victoria; de Gualeguay; Basavilbaso; Villa Libertador San Martín; Mansilla; Ramírez; Nogoyá; Tala; Galarza; Male; Valle María; La Paz; Maciá y Gilbert. En tanto, recientemente un fallo judicial limitó las aplicaciones cerca de escuelas.
La adhesión de los municipios se realizó en oportunidad en que el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , presentó el informe final del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas. El trabajo lo realizaron expertos de Agroindustria; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud; Ciencia y Tecnología, además del Senasa y el INTA, y representantes del Consejo Federal del Medio Ambiente y el Consejo Federal Agropecuario.
Etchevehere planteó que ahora se cuenta con un documento "confiable, producto del trabajo coordinado entre cuatro carteras nacionales, y con la participación de las provincias, en el que se definen los lineamientos para la aplicación de fitosanitarios".
"Sabemos que se pueden hacer las cosas de manera segura y sostenible para eso nos basamos en lo científico y lo tecnológico con el fin de transmitir seguridad a las comunidades", dijo.
El planteo es que, con tecnología, es posible lograr aplicaciones más eficientes para mejorar el manejo de plagas, minimizar la deriva y evitar los riesgos emergentes. La clave está en la puesta a punto de los equipos y en el monitoreo de las condiciones atmosféricas.
Los expertos insisten en que no hay un producto malo o bueno, sino que tiene que ver con cómo se aplica y cómo se usa. La clave está en cómo se trabajan las buenas prácticas agrícolas en cada cultivo y en cada momento del año.
Las conclusiones del equipo propusieron una docena de principios para ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento; ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud,, del ambiente y de la producción agrícola,, sobre "la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico'’.
En las iniciativas planteadas en julio, cuando se difundió el informe final, se propuso un proyecto de ley a nivel nacional sobre aplicación de fitosanitarios, complementario a la regulación sobre registro de productos y a la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios.
Otra de las propuestas fue la creación y puesta en marcha de una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas con el fin de coordinar la ejecución de los programas de aplicación de fitosanitarios públicos y privados, a nivel nacional como provincial con protocolos oficiales, indicadores v sistemas de monitoreo.
Se destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las prácticas, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Fallo judicial
En Entre Ríos hubo un fallo judicial sin precedentes: se prohibió fumigar con agroquímicos a menos de 1000 metros de las escuelas. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. Así lo determinó un amparo judicial que protege todas las escuelas de la provincia, solicitado por asambleas y organizaciones socioambientales. En paralelo, un proyecto de ley plantea la emergencia ambiental y sanitaria en la provincia.La Cámara Segunda de Paraná hizo lugar a un amparo presentado el 22 de agosto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, contra el gobierno provincial y el Consejo General de Educación para proteger a docentes y alumnos de las escuelas afectadas por las fumigaciones.
La legislación provincial sólo contemplaba 50 metros de pulverizaciones terrestres y 100 metros aéreos, aunque venían denunciando que esto tampoco se cumplía. Dio un área de protección de 1000 metros terrestres y de 3000 metros aéreos de todas las escuelas rurales de la provincia, pero el amparo fue apelado por el gobierno provincial de Gustavo Bordet.
Fuente: La Nación - Gabriela Origlia