Esta semana, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 294/2024, que establece, para el período que va de diciembre de 2024 a marzo de 2026, un esquema de remuneración adicional para las centrales de generación térmica.
¿A cuento de qué aparece esta medida? Varios factores confluyen. Por un lado, varias centrales térmicas viejas, remuneradas con un precio inferior al costo de generación, habían optado por desconectarse del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), o no estar disponibles todo el tiempo, para evitar operar a pérdida, pues el precio de su generación no cubre el costo. Por otro, la parada obligada de la central nuclear Atucha I restó 360MW de capacidad al sistema. Finalmente, se presume que en el próximo verano habrá una caída importante en la generación hidroeléctrica, por el menor caudal hídrico en los ríos.
Previendo estas dificultades, en julio de 2023 el gobierno de Alberto Fernández había convocado a una licitación para añadir capacidad termoeléctrica al sistema, conocida en la jerga como “TerConf”. Hacia finales del mandato del expresidente se adjudicó la construcción de 3340MW (un 10% del parque de generación instalado actualmente en el país), con inversiones estimadas por US$ 4.000 millones, a cambio de contratos a largo plazo de provisión y cobro prioritario con Cammesa. Desde la asunción de Milei, el proceso estuvo bajo la lupa, hasta que en julio se lo dio de baja.
Casi en simultáneo, los expertos encendieron las señales de alarma: podría haber apagones durante el verano, por falta de capacidad de generación. Ahora, la Resolución 294/2024 busca resolver el problema.
El Gobierno tiene en mente limitar el rol de Cammesa, y evitar comprometerla a largo plazo con contratos caros. Eso parece hacer sentido. Lo que hace menos sentido es la falta de previsibilidad respecto de las consecuencias de hacerlo; la falta de un plan B.
El retiro de la administración nacional de la obra pública (o, en este caso, de la provisión de combustibles y el pago de la electricidad generada) no es en sí misma mala. Con los incentivos correctos, la oferta que no garantiza el Estado podría ser aportada por privados. El Estado no comprometería recursos propios, pero tampoco dejaría desprotegidos, a merced de un corte de luz, a los usuarios. Ahora sabemos que no haber tenido plan B acabará costando (¿al Estado? ¿a los consumidores?) la remuneración adicional que la Secretaría de Energía se ve obligada a ofrecer ahora.
Una idea acerca de quién pagará la pueden dar los entrerrianos: lo que ocurre en el sector eléctrico se manifiesta de manera muy clara en la calidad de la infraestructura vial de la provincia. El estado de las rutas nacionales que recorren la provincia es catastrófico, y el costo en términos de seguridad, daños a los vehículos, tiempo perdido esquivando pozos y demás es asumido por los usuarios, que además siguen pagando el peaje por transitar caminos que en varios tramos son intransitables. Si el Estado no tiene plata, ni ganas de hacer los arreglos, ¿no debería haber previsto que lo hagan los privados, o los concesionarios actuales mediante el cobro de un peaje acorde al costo de mantenimiento de las rutas?
Una y otra vez se ha escuchado hablar de licitaciones, concesiones, participaciones público-privadas (“PPP”) y otras formas de trasladar el costo de construcción y mantenimiento a los privados. Hasta ahora, los pliegos no están, mientras el deterioro de la infraestructura sigue a pie firme. No parece aceptable una situación en que el Estado no se haga cargo, pero tampoco tome los recaudos para que otros lo hagan.
