Los controladores somos todos, sin excepción, debiendo entender que el pilar en cuanto al control de los gobernantes es el acceso a la información pública, en el marco de un gobierno abierto, no desde el slogan o la frase hecha, sino desde la apertura real.
Sin acceso a la información solo tendremos destellos de trasparencia, pero que en realidad es una gran telaraña donde se impide el acceso a la verdad y la lucha contra la corrupción.
En este sentido el convencional constituyente del año 2008 hizo grandes progresos, los cuales han sido injustamente valorados, y obstaculizados por la inercia de los legisladores provinciales.
Basta recordar algunos pasajes de nuestra Constitución provincial para entender los términos que hemos empleado, por ejemplo el artículo 15° que dice “Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades. Sólo mediante una ley puede restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información. La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible…”
La primera pregunta que a uno se le viene es en cuanto a la novela (trágica desde ya) sobre los contratos en la legislatura provincial, y el pedido del ministerio público fiscal, ¿debe la fiscalía pedir esa documentación?, la respuesta es categórica “no”, porque esa información debería ser pública, y cualquier ciudadano debe tener acceso a la misma, con lo cual fiscalía no necesitaría pedirla, pero nos encontramos con que hay cajas, espacios de poder, que atraviesan a todas las fuerzas políticas, que dificultan el acceso a la información porque no podemos leer el artículo 15° sin el que le sigue, el cual claramente dice “La publicidad oficial comprende la realizada por la Provincia, los municipios y las comunas, en todos sus estamentos y organismos. Su objeto es garantizar la vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública. Su adjudicación se rige por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad…”
Es decir es un deber la publicidad de los actos de gobierno, de todos los actos, y en especial donde está en juego el gasto público/político, por eso es llamativo que en el año 2018 donde la informática nos permite acceder a todo, debamos sentir ese sabor amargo en cuanto a la accesibilidad de la información.
Porque pensemos que el argumento de la victimización sobre los contratados, no resiste ningún análisis, pues todos aquellos que prestamos servicios públicos, y percibimos dinero del erario público debemos estar dispuestos a vivir en una vidriera, y sí nos molesta ser controlados, siempre está la opción de dedicarse a la actividad privada en forma exclusiva.
Finalizando estas reflexiones, debemos una vez más felicitar al convencional, quien además estableció la garantía del derecho a la información pública al estipular el artículo 56° “Todo habitante de la Provincia, las personas jurídicas reconocidas en la defensa de derechos o intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo, podrán ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra (…), así como cuando se desconociera o violara el derecho de libre acceso a la información pública”
Quizás es tiempo que todos hagamos patria, y pidamos en el marco del derecho de acceso a la información pública, datos al estado, y así nos transformamos en controladores, y entre todos luchamos contra la corrupción, y esperemos que quienes están en la legislatura sean los que den el ejemplo, por eso celebro que algunos diputados hayan decidido entregar toda la documentación, u oponerse a la impunidad vestida de tecnicismo que fulmina el derecho al acceso a la información pública, porque en definitiva, todos tenemos derecho a destapar ollas.
