El objetivo según se pudo saber es evitar la especulación, que se vería en que más del 60% de los inscriptos luego no se presentan en la instancia de oposición, y la existencia de recursos que no estarían fundados.
Sin poner en duda la buena fe de los autores de este proyecto de ley, ni de quienes lo apoyan, los resultados terminarán siendo siniestros, profundizando justamente esa sensación de nepotismo que se respira en los pasillos del poder judicial, donde la familia judicial siempre se las ingenia para consolidarse, y franquear la entrada a los foráneos.
Algo que hay que destacar fue la autolimitación del poder político justamente por medio de la creación del Consejo de la Magistratura, que fuese luego ratificado por medio de la reforma constitucional del año 2008. Fue realmente un paso institucional muy grande.
Se podrá pensar que 2500 pesos no es mucho -aunque en tiempo de crisis el monto mínimo recupera protagonismo inmediatamente-, pero si uno se anota en 10 concursos estamos hablando ya de 25 mil pesos. ¿Por qué tantos concursos? Justamente esta situación obedece a la demora en la sustanciación de concursos en algunos casos o a la medida judicial que dio por tierra el nombramiento llevado a cabo por el actual procurador de la provincia, que implica un llamado masivo de concursos. Más las vacantes naturales que se van realizando, sumado a la puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación Penal en la ciudad de Concordia.
A esto agregar la creación de nuevos juzgados de familia y la republicana decisión de sustanciar concursos para el cargo de jueces de paz en más de una jurisdicción.
Si está pensando que todos estos cargos – muchos- están ocupados por colegas en forma interina y elegida sin concurso está en lo cierto, y sin desmerecer las cualidades personales y profesionales de cada uno, muchos de los cuales son verdaderos referentes en sus áreas, no podemos menos que mencionar que estamos en desigualdad de armas.
En primer lugar porque el examen consiste en un caso a resolver, ergo quien se pasa todo el día haciendo ese trabajo en forma interina y por años, algunos casi una década, turnándose de cargo, seguramente tendrá un expertise mayor que el que está acostumbrado a ubicarse del otro lado del mostrador. Pero si a esto ahora le agregamos el factor económico, pensemos que un interinato de juez de primera instancia ronda aproximadamente la módica suma de $200.000, el costo de inscribirse en 10 concursos le representa algo apenas superior del 10% de su sueldo. Es más, podrá presentarse en 40 concursos y solo debería disponer del medio aguinaldo. El dato que nunca falta es que no pagan ganancias, cuando todos los mortales sí lo hacemos.
Ahora bien, los abogados de la matrícula que viven de lo que producen en el mejor de los casos, ejercen la docencia, o prestan servicio en la administración pública, difícilmente puedan contar con esta holgura financiera, deben ir por la subida, por la escalera empinada, en un día de lluvia y con zapatos de suela.
¿Es razonable esta iniciativa? Se podrá decir que es evitar la especulación; haber, todo el que se anota a un concurso especula con ganar. Desde ya es difícil matar el ego y exponerse en un concurso, pero de ahí a poner una casilla de peaje, resulta al menos contradictoria en el marco de la democratización de la justicia (¿o pasó de moda?).
Pensemos que el concurso es para elegir a los mejores, y desde ya en lugares tan sensibles como el cuestionado poder judicial, pero pareciera que en vez de escoger a los mejores, vamos a profundizar un sistema desigual, que lleva al único camino de lograr un interinato, y desde ahí jugar con la tan discutida ventaja.
Pero además, ¿el paso siguiente qué será? ¿Cobrarle a los docentes que se presentan en concursos en la universidad pública?, ¿cobrarle a los docentes que se presentan en los concursos en el nivel inicial, medio y superior? Con la excusa de evitar la especulación le cerramos la puerta a quienes no tengan recursos o los mandamos a tramitar la carta de pobreza. Suena raro en un país donde la pobreza abunda, que tengamos que pedir carta de pobreza, bastaría el DNI.
Pero aún más grave e incluso de dudosa constitucionalidad es cobrar para interponer recursos, con el agravante que en caso de que resulte favorable, que nos dé la razón la administración, no se nos devuelve lo pagado. Es decir, vamos a pagar por marcar los errores. ¿Se imaginan si debemos pagar 1250 pesos por cada recurso administrativo que interponemos los que nos dedicamos al derecho administrativo?, ¿por cada concurso docente, o reclamo de empleo público?
Desde ya que en el marco de una profunda crisis económica, nos resulta al menos inoportuna la idea de tarifar el ingreso a los concursos, y en todo caso sí evaluar a quienes sólo se anotaron y no rindieron -si no hay causa justificada, pensemos razones de salud-, sí deberían abonar una tasa, una compensación en todo caso. Pero quienes consideran que tienen las condiciones legales y técnicas para concursar, y se presentan suena elitista imponerles el pago.
Pensemos en las empresas que pugnan por ganar las licitaciones, es lógico que paguen el pliego, pero ¿sería lógico que un futuro empleado público pague para concursar? Lo pienso desde la más absoluta subjetividad y, en el marco de respeto por muchos de los que apoyan el proyecto, lo digo como alguien que está anotado en más de un concurso, y como alguien que quisiera presentarse a otros más y que sea solo un jurado ecuánime y objetivo el que me ponga la barrera y no una casilla de peaje.
