El gobierno actual de la localidad de Crespo (departamento Paraná), encabezado por Darío Schneider ("Crespo nos Une" - Cambiemos), impulsa una denuncia contra sus antecesores del Frente para la Victoria, comandados por el ex presidente municipal Ariel Robles, por irregularidades durante la gestión anterior.
Para uno de los abogados que trabaja en el caso, Guillermo Mulet, las investigaciones podrían derivar en querellas por delitos como peculado, defraudación del Estado e incompatibilidad con la función pública, cuyas penas van desde uno a seis años de prisión.
Todo comenzó con la auditoría que envió a hacer el gobierno de 'Crespo nos Une' cuando asumió en diciembre, al igual que se hizo en numerosas localidades que pasó a gobernar Cambiemos en Entre Ríos luego de gestiones justicialistas. El trabajo fino quedó a cargo de un equipo de técnicos de la Universidad Nacional del Litoral, que colaboraron con el nuevo equipo de gestión. Los primeros resultados de la pesquisa justificaron, para el jefe comunal Schneider, convocar al estudio Pagliotto-Mulet-Vernengo, de Paraná, para avanzar en una eventual denuncia penal.
"Subsidios mal entregados, obra pública, cobro de convenios..."
Los abogados, que tienen varias denuncias de corrupción en la mochila, tomaron el trabajo y encaminaron los trámites judiciales, que se viene desarrollando a partir de la documentación sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de subsidios, la realización de licitaciones y compras, y otras decisiones, indicó El Observador. El penalista Mulet anticipó que la denuncia sería presentada en Tribunales después de la feria judicial, a principios o mediados de agosto.
"En base a la auditoría hemos detectado que hay varios casos que, entendemos, ameritan una denuncia penal, en cuanto a defraudación a la administración pública , peculado de bienes y servicios e incompatibilidades con la función pública. Esos son los tres ejes de la denuncia", indicó Mulet.
El abogado adelantó de la denuncia que "estamos armándola, hay además varios sumarios administrativos dentro de la municipalidad en cuanto a responsabilidades de personal administrativo" y se limitó a decir que son "algunas áreas" del municipio las involucradas con irregularidades.
En cuanto a datos del desfalco que habría perpetrado la gestión de Robles, el penalista paranaense admitió que "hay números" y, sobre el tipo de hechos que se habrían cometido, enumeró "una serie de subsidios mal entregados, cuestiones que tienen que ver con la obra pública, con el cobro de convenios", así como que "se dejó de controlar bromatología por un año, no había controles bromatológicos, ni en carnicerías ni en laboratorios ni en ningún lado".
Por último, respecto de los castigos que llegan a aplicarse ante la culpabilidad en este tipo de casos precisó que "las penas van desde seis meses a seis años de prisión".
