Las presuntas irregularidades respecto de los contratos del legislador provincial oriundo de Maciá se conocieron en septiembre a través de un informe periodístico del programa “Cuestión de fondo”. Luego, un exempleado del despacho, Carlos Cozzi, formalizó una denuncia penal y el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de una causa por el presunto delito de peculado.
En una primera instancia, Troncoso se presentó espontáneamente en tribunales con su abogado, Hugo Gemelli. A la vez, declararon excontratados que aportaron documentación y audios mediante los cuales los investigadores pudieron determinar que el diputado les exigía a estas personas buena parte de sus haberes mensuales.
El 30 de noviembre la apertura de causa fue reformulada. Se indicó en esa oportunidad que, durante la gestión de Troncoso como diputado provincial, desde diciembre de 2015, “sustrajo fondos públicos mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios”. También se señaló que, en otros casos, la maniobra tendía a que “personas contratadas prestaran servicios personales” para el legislador.
En un escrito al que accedió el ciclo televisivo se enumeraron distintos hechos. Se mencionaron allí al menos ocho personas contratadas entre 2016 y 2018 por montos de entre 10 y 26 mil pesos mensuales, a las cuales el legislador les exigía la entrega de montos de entre 12 y 16 mil pesos, según el período.
En algunos casos, incluso, según marcaron los fiscales, Troncoso “insertó o hizo insertar falsamente” las firmas de los beneficiarios, tanto en contratos como en endosos de cheques, de manera tal de lograr el cobro de las sumas asignadas. Respecto de estos contratos, los montos resultantes “eran íntegramente sustraídos” por el diputado.
En otros casos, el legislador propiciaba la suscripción de los contratos, pero no exigía a los beneficiarios la prestación de ningún servicio en el ámbito legislativo, “sino la realización de prestaciones de carácter personal” a favor de sí mismo.
A una mujer mencionada en el expediente, por ejemplo, según determinaron los investigadores, el diputado le exigía a cambio de una parte del monto del contrato realizar “tareas de mantenimiento en el comité radical de Lucas González” y también “cocinar para las reuniones políticas”. En otros casos, los beneficiarios realizaban “los trámites contables del hotel Victoria, ubicado en la localidad de Maciá” o “tareas políticas en el comité radical de Paraná”.
