Este domingo, en grupos de WhatsApp comenzaron a circular imágenes y vídeos, capturadas de redes sociales, que muestran a un nutrido grupo de jóvenes celebrando un cumpleaños, obvio, pasando por alto las normativas vigentes. La mayoría no serían familiares entre ellos y, como si faltara un indicio más de lo ocurrido, se los ve avanzar en un “trencito”, típico de los festejos de la “antigua” normalidad.
También un joven que se apellidaría Dri, al que también se lo vincula a la función pública, lo mismo que a Ojeda. Todos militan en el peronismo y han dado sobradas muestras en las redes sociales de su adhesión a las consignas difundidas por Alberto Fernández. “Aplauden la cuarentena que pone el presidente para cuidarnos, pero se juntan a hacer trencitos”, cuestionó una usuaria de las redes sociales al ver las imágenes.
“No lo puedo creer, fue así. Nosotros pidiendo responsabilidad y nuestros funcionarios de fiesta”. Tal la respuesta brindada a El Entre Ríos por una de las máximas autoridades municipales de Concordia, visiblemente molesto por lo ocurrido.
Nadie tiene dudas de que celebrar un cumpleaños con amigos es una de las cosas más hermosas de la vida. Pero la irrupción del “Coronavirus” ha obligado a prohibir festejos de esta naturaleza, ante la evidencia de que hasta un “inocente” encuentro puede dar paso a un brote de la enfermedad. Para prueba, alcanza y sobra lo ocurrido en Colón.
Mediante decreto 654 del 8 de junio de 2020, el intendente Alfredo Francolini autorizó reuniones “familiares”, en determinados días y horarios y bajo estrictas indicaciones. Pero ni la provincia ni el municipio habilitaron las reuniones sociales.
Es más, el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se encargó de precisar que “una cosa son las reuniones familiares y otra cosa son las reuniones sociales. Lo que dice el Gobierno es que por ahora no hay protocolo para este tipo de reuniones y, por lo tanto, no están habilitadas".
Una cuarentena que parece haberse vuelto “eterna”, y cuyo cumplimiento conlleva enormes sacrificios y pérdidas económicas, han dado origen a una extrema susceptibilidad de la sociedad, que reacciona ante cualquier atisbo de incoherencia de quienes ocupan cargos públicos, llamados a ser los primeros en ajustarse a los estrictos “protocolos” imperantes.
Los incumplimientos llegan a judicializarse, dando paso a la intervención, de oficio o ante denuncias, de los fiscales, encargados de investigar y, llegado el caso, imputar.
