Esta noche, Juan Diego y Sebastián, dos hermanos de Etchevehere, entraron al establecimento junto a ocho policías y cinco productores más. Los Etchevehere se quedaron en una parte del campo y los otros productores junto a la policía fueron a hablar con el grupo de personas denunciadas como usurpadores, para pedirles que se retiren del establecimiento.
A la par de esto, pasadas las 21 horas, desde el Superior Tribunal de Justicia informaron que aún continúa desarrollándose la audiencia en los Tribunales de La Paz, en el marco de la causa caratulada "Etchevehere, Leonor s/su denuncia" presidida por el juez (subrogante) Raúl D Flores. Allí el juez definirá si entiende a esto como una usurpación y da lugar al pedido de desalojo del grupo de personas que se encuentran allí.Parece que en una camioneta entraron al campo los hermanos Etchevehere. Veremos. Hay aplausos. pic.twitter.com/1bvoZcGZAT
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 21, 2020
Dentro de la propiedad se encuentran integrantes de las organizaciones sociales que conduce Grabois, a la expectativa de lo que resuelva la Justicia.
En rigor, los productores también aguardaron toda la tarde novedades de la Justicia. "La idea es quedarnos hasta escuchar el resultado de la audiencia, si se ordena el desalojo del predio. Esta es una batalla y no va terminar únicamente cuando se haga Justicia en esta instancia, sino que puede continuar en otras instancias como está ocurriendo en el sur, en el norte", dijo Walter Feldkamp, director de Sociedad Rural Argentina (SRA) Entre Ríos.
Grabois: “Si la Justicia ordena el desalojo vamos a apelar
En tanto, según dijo Juan Grabois, ninguno de los escenarios judiciales posibles o resolución judicial sobre la pertenencia de los campos en Santa Elena haría naufragar el "Proyecto Artigas"."La asociación de los Etchevehere está indivisa porque la sucesión nunca presentó rendición de cuentas ni hizo inventario. Y como es indivisa, Dolores tiene el mismo derecho de hacer uso y goce de los bienes que dejó su padre, tanto como el resto de los hermanos", dijo Grabois.
Sin embargo, dijo que en el caso de que se haga una partición de la tierra sobre los integrantes de la familia, sobre lo que le corresponda a Dolores se llevará adelante el proyecto agroecológico que contempla "la producción sin glifosato ni quema de pastizales".
"Ya se comenzaron a hacer huertas y la idea es construir algunas casitas para los trabajadores que queden en el lugar", indicó.
Ante una consulta, sostuvo que hoy, en medio de la tensión vivida frente al campo, eran unos 80 los participantes del denominado "Proyecto Artigas" que estaban en el lugar. "Si la Justicia llega a ordenar el desalojo vamos a apelar", se limitó a contestar ante la pregunta sobre la actitud que adoptarán en caso de que la Justicia avance en ese sentido.
También dijo que hoy se presentó una denuncia por un ataque que habría sido contra el departamento que ocupa Dolores Etchevehere en Recoleta. Según Grabois, la denuncia fue tomada por el juez Daniel Rafecas y en ella se señala como atacantes a la propiedad a una cuñada y un sobrino de la denunciante.
La posición del gobierno entrerriano
En este contexto, desde el gobierno provincial de Gustavo Bordet la ministra de Gobierno, Rosario Romero, diferenció la situación con la toma de tierras que se dan en otras partes del país. Tras hacer "un llamado a la reflexión y a las conductas de las partes que están en conflicto por los campos de la familia Etchevehere, a fin de garantizar la paz social", la funcionaria pidió que se respete la decisión judicial que se tome en las próximas horas o días.
"Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del estado de derecho, mientras tanto, el Gobierno ha venido acompañando la labor de jueces y fiscales porque la policía es un auxiliar de la Justicia. Frente a una denuncia de delito de usurpación como la que hay en el Juzgado de La Paz, la policía obedece estrictas órdenes de la Fiscalía y del juez que entiende en la causa", aclaró.
Entre otros asistentes, en la marcha estuvieron Nicolás Pino y Marcos Pereda, candidatos a presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina(SRA) por el Movimiento Compromiso Federal(MCF).
"Junto con candidatos de varios distintos de la Sociedad Rural venimos a defender la propiedad privada y a un socio de nuestra entidad", indicó Pino.
Ayer, antes de la marcha, Mariela Gallinger, presidenta de la Federación Agraria de Crespo, había señalado sobre este caso: "Es una situación insólita que hoy por hoy un grupo de organizaciones crean que en Entre Ríos pueden usurpar a alguien que tiene la titularidad y todos los documentos en regla. Vamos a manifestarnos por la defensa de la propiedad privada; no creemos en estos valores que porque vos tenés, tenés que dar. Todo lo que tenemos, lo tenemos por mérito nuestro, sacrificio".
La productora se quejó de que el gobierno provincial no se manifestó contra la usurpación. "Las organizaciones saben que esto hay que pararlo, pero estamos a la buena de Dios. Estamos esperando que el juez dé la orden de desalojo, pero como miramos que miran para otro lado, salimos a manifestarnos. Tanto el gobernador de Entre Ríos (Gustavo Eduardo Bordet) como el ministro de la Producción (Juan José Bahillo) no salen a manifestarse, ni siquiera dijeron que les parece una barbaridad", apuntó.
Para los legisladores, la toma de tierras es una “pandemia nacional”
En tanto, legisladores nacionales de Juntos por el Cambio de Entre Ríos calificaron de "pandemia nacional" la toma de tierras y pidieron que el Gobierno actúe. En un comunicado conjunto, los senadores nacionales de ese espacio Alfredo De Angeli y Stella Olalla, y los diputados Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Gabriela Lena y Gustavo Hein, pidieron "medidas necesarias y urgentes para evitar la multiplicación de toma de tierras de las que ciudadanos entrerrianos están siendo víctimas, y se lleven adelante las acciones necesarias para desalojar las ya usurpadas".
Para los legisladores, "en el marco de la premeditada inacción del gobierno nacional y el fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio gobierno y hasta detentan cargos en él, esta modalidad se ha transformado en una pandemia nacional y no cabe más que deducir la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada".
"El gobierno de la Provincia de Entre Ríos parece seguir el mismo mandato o formar parte del mismo plan, aplicando idéntica mecánica", agregaron.
Por ello, reclamaron la acción del Estado. "La prevención de estos hechos está a cargo de las fuerzas de seguridad que siguen los mandatos del Poder Ejecutivo. Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas. La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad", precisaron.
