Fue por ello que la propia sede central de la Dirección Provincial de Vialidad decidió llevar el asunto a la justicia. En diciembre último, el organismo presentó una denuncia en una fiscalía de Paraná, que, por razones de competencia, la derivó a los tribunales de Concordia, donde se puso en marcha la investigación.
En noviembre de 2017, cuando el dinero fuera remitido, el jefe de la Cantera Costa del Uruguay era José Luis Sena, mientras que Ricardo Roberto López ejercía como Jefe de la División Administrativo Contable. Si bien aún no habrían sido imputados, la investigación, al menos en principio, apunta hacia ellos, aunque vale remarcar que rige para los dos –como para cualquier otra persona investigada- el principio de presunción de inocencia, mientras no exista condena firme en su contra.
A ambos podrían atribuirles el delito de “peculado”, en el caso de que no pudieran justificar el destino dado a esos 967.000 pesos, que, a valores de entonces representaban 53.000 dólares, y que si fueran pesificados tomando en cuenta el cambio oficial de hoy equivalen a cinco millones y medio de pesos. También podrían ser tenidos por responsables de falsificación de instrumentos públicos, de constatarse que las facturas y remitos fueron adulterados.
De manera extraoficial, trascendió un detalle que habría llamado especialmente la atención a quienes están a cargo de la investigación. La Cantera Costa del Uruguay habría solicitado a la administración central de la DPV exactamente la misma cifra en dos ocasiones diferentes. En ambos casos, el presupuesto fue aprobado y la partida girada. La primera fue rendida en tiempo y forma. La segunda, en cambio, recién 4 años después. Es en este último expediente en donde la DPV habría detectado la documentación “burdamente” adulterada.
José Luis Sena, el encargado de entonces de la Cantera Costa del Uruguay, hoy se desempeña como jefe de la Zonal XIV Villa Elisa de la Dirección Provincial de Vialidad. Se presenta como un empleado de carrera en la DPV. Oriundo de General Campos, supo ser jefe zonal en San Salvador, inspector regional en cinco departamentos de la costa del Uruguay y luego encargado de la cantera de Puerto Yeruá. Fue en momentos en que ejercía esta última función cuando fueron solicitados los fondos cuyo destino es ahora investigado por la Justicia entrerriana, a pedido del propio organismo, bajo el supuesto de que la rendición habría sido falseada.
Según la cronología del caso, considerando que la tardía rendición de cuentas recién habría sido presentada en 2021, cabe suponer que la remisión de la documentación sospechada ocurrió cuando ya Sena se desempeñaba en su nuevo destino; es decir, en Villa Elisa.
