El magistrado no halló razones para aplicar el beneficio de la prescripción y se apoyó para eso en la permanencia, de forma casi ininterrumpida, de Urribarri en cargos públicos, un condicionamiento que pone la ley para suspender los plazos de la prescripción. La ley intuye que siendo funcionario público podría entorpecer la investigación.
El exgobernador Urribarri estuvo al frente del Ejecutivo entre 2008 y 2015; luego, fue diputado provincial hasta 2019; y desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, y luego de ser condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, embajador argentino en Israel. El juez dijo que la apertura de la causa por enriquecimiento, ocurrida en 2015, no interrumpe los plazos de la prescripción; solo lo hace la declaración de imputado, hecho que ocurrirá recién el 14 de junio próximo.
“Entiendo de que no ha operado la prescripción en el presente legajo porque el tiempo de prescripción ha estado suspendido desde 2015 hasta 2019, luego unos meses, hasta que fue nombrado embajador en 2020. De ninguna manera podemos decir que han operado los plazos de la prescripción”, señaló.
Tampoco el juez hizo lugar al planteo de extensión de los plazos procesales y que Fiscalía se había excedido en el tiempo de la investigación penal. En concreto, los defensores señalaron un plazo concreto, entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020, en el que la causa estuvo paralizada. En contraposición, el Ministerio Público Fiscal le presentó al magistrado un listado extenso de medidas procesales que se concretaron en ese período. El 27 de mayo de 2020, por ejemplo, se dio inicio a la pericial contable sobre Urribarri que arrojó como dato un crecimiento injustificado de sus bienes de unos 9 millones de dólares. “Hubo intensa actividad procesal con participación de la defensa”, resumió el juez. “Esto demuestra que no hubo abandono de la investigación”, abundó.
El plazo para que venza el tiempo que tiene Fiscalía para llevar adelante la investigación se cuenta a partir de la última declaración de imputado, explicó. El 27 de abril de 2023 se dispuso citar a declaración de imputado de Urribarri para el 14 de junio, a las 10. “No ha sido previamente convocado. En virtud de esta información es que no empezó a correr el plazo. No vencieron los tres meses porque no hubo declaración de imputado. Por eso, más allá de que hubo intensa actividad procesal, no ha empezado a correr el plazo. No voy a hacer lugar al pedido de insubsistencia de la acción penal”, señaló Vergara.
También negó el planteo de la defensa que reprochó el decreto de apertura de la causa por enriquecimiento a Urribarri. “No podamos darle entidad que no tiene a la apertura de causa”, subrayó. “La apertura de causa es una descripción respecto de un hecho delictivo, que le da marco a la investigación. Estamos en los primeros pasos del proceso penal. Esta apertura de causa puede estar incompleta, fragmentada, pero esto no significa que ya estemos juzgando o determinando que el delito ha sido cometido. Por eso no voy a hacer lugar al planteo de nulidad al decreto de apertura de causa”, sostuvo.
La petición de prescripción en la causa por enriquecimiento –en la que Urribarri está citado a indagatoria para el próximo 14 de junio– la formularon los defensores durante una audiencia que se desarrolló el 9 de este mes ante el juez de Garantías Julián Vergara, que reemplaza al magistrado natural de la causa, Mauricio Marcelo Mayer, promovido a juez de juicios. El defensor Candelario Pérez sostuvo que “son falsos” los datos que dan cuenta de un crecimiento patrimonial de Urribarri del orden de los 9 millones de dólares, tal como indica un informe pericial firmado por los peritos Romina Stepanic Pouey, técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte.
“Lleva 7 años y medio la investigación. Esta elongación, que nosotros consideramos injustificable, es demostrativa que a los fiscales no les interesó el tiempo que transcurrió la investigación”, planteó Pérez en alusión a los miembros del Ministerio Público Fiscal que llevan adelante la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Para la defensa, la nueva apertura de causa que realizó Fiscalía a finales de abril último y el monto de la imputación del enriquecimiento- no tienen sustento.
Un punto central de la alegación fue el plazo “excesivo” de tiempo en el que la Fiscalía supuestamente no movió la causa. El defensor Pérez refirió que entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020 la causa no tuvo movimientos. Y también reprochó el trabajo pericial hecho por el contador Héctor Enrique, del Ministerio Público Fiscal, y alertó que el nuevo informe pericial no está concluido. Dijo que Enrique concluyó en un aumento injustificado del patrimonio del exgobernador en 9 millones de dólares, pero la nueva pericia estableció que la inconsistencia sería en realidad de 500 mil dólares. Y reprochó que el Ministerio Público Fiscal se apoye en el dictamen de Enrique.
“La pericia es un acopio de falsedades que se endilgan a nuestro defendido”, lanzó. “Es un proceso penoso y humillante esta investigación”, planteó. Argumentó que la pericia con perito de parte no está concluida, además, porque aguardan la respuesta a un exhorto diplomático hecho a Grecia para que informe cuánto dinero cobró Bruno Urribarri, hijo del exgobernador, cuando jugó en un equipo de fútbol de aquel país europeo. “En su corta trayectoria como jugador, se calcula una ganancia de entre 8 millones y 10 millones de dólares”, planteó. La fiscal Patricia Yedro le contestó que el hijo de Urribarri, Bruno, no está imputado en la causa, de modo que esa información que pretende la defensa no impactaría de ninguna manera en la investigación penal.
El defensor Pérez sostuvo que la investigación penal sobre el patrimonio de Urribarri tiene “ánimo de perjudicarlo”. Y entonces refirió a que “hubo un periodo 1 año y medio en el que estuvo paralizada la investigación”, y refirió que “entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020 la investigación estuvo paralizada”.
Raúl Barrandeguy se mostró “sorprendido” por la nueva apertura de la causa por enriquecimiento a Urribarri que tuvo lugar el 27 de abril último. Pero además mostró la suspicacia de que la causa se active “nuevamente en momento de elecciones internas en el que nuestro defendido pretende jugar”. Alegó que “no hay ninguna prueba, menos una prueba consistente, que permita sostener la conclusión de que Urribarri se enriqueció en 9 millones de dólares, que no tiene cómo justificar”.
“Sin ninguna razón se lo martiriza, se lo humilla a nuestro defendido, diciéndole al país que Urribarri se ha enriquecido en 9 millones de dólares”, planteó.
El defensor hizo un pedido: “Esto tiene que terminar. Esta persecución encarnizada y sanguinaria sobre Urribarri y su familia tiene que terminar. ¿Qué más quieren de Urribarri?”, preguntó. Consideró inexplicable la modificación de la apertura de causa cuando la pericia contable no está terminada porque se está a la espera de un exhorto remitido a Grecia. Y refirió que las medidas se conocen “en el momento de la presentación de listas para las elecciones primarias de agosto. Y es falso. Son noticias que atrasan 6 años”.
Después de repasar fechas y una supuesta inactividad en la causa durante un año y medio, Barrandeguy cerró: “Queremos plantear que se ha consolidado la prescripción”. Y agregó: “Es una desproporción que ofende el sentido común tener una investigación abierta 7 años y medio cuando la pena máximo para el delito que se le reprocha es de 6 años”.
Dijo que con esas medidas judiciales se lo pretende “freezar” a Urribarri, y realizó el petitorio: sostuvo que la apertura de causa “es nula por las falsedades explicitas que contiene. Y pensamos que es nula porque se lleva adelante una persecución penal con una acción que prescribió”.
