“La cancelación de la doctora Firpo y su aislamiento respecto del resto de los pliegos de funcionarios y funcionarias judiciales a tratar hoy por el Senado causó una ingrata sorpresa, no solo porque se trata de la única candidata mujer a ocupar una plaza en los Tribunales de Garantías de Paraná -luego de haber transcurrido con éxito todas las etapas de evaluación ante el Consejo de la Magistratura Provincial-, sino porque no se ha brindado justificación alguna para tal proceder, lo que lo ubica en el orden de lo arbitrario», dice una presentación que la Asociación de la Magistratura hizo ante la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani; pero que también llegó a la presidenta de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, Nancy Miranda (PJ), y al jefe del bloque de senadores del Frente Más para Entre Ríos, Martín Oliva. Pero la Asociación de la Magistratura fue más allá y sentenció que «luce también discriminatoria respecto de la magistrada en cuestión, puesto que no se le ha dado el mismo tratamiento que a otros candidatos (varones) a ocupar idénticos cargos en otras jurisdicciones, cuyos pliegos serán tratados en el día de la fecha por el Senado, sin que exista en el trámite parlamentario del pliego de la Dra. Firpo ninguna vicisitud extraña y/o diferente al de los y las demás candidatos/as a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Provincia». Y suma el escrito: «Es más, la impugnación que oportunamente recibiera su pliego por parte del abogado Guillermo Reggiardo -a la postre, empleado de la Senadora Patricia Díaz, quien a su vez integra la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales del Senado Provincial- fue sólidamente contestado por la magistrada, en la audiencia pública en la que fue recibida por los y las Sres. y Sras. Senadores y Senadoras».
Respuesta de Reggiardo
Reggiardo le respondió a la entidad que nuclea a los funcionarios judiciales. “En primer lugar, resulta preocupante que una institución que debería velar por la defensa de la independencia judicial y el respeto por las instituciones, cruce los límites de sus atribuciones al intentar condicionar las decisiones soberanas de un poder legislativo. Este accionar desdibuja el rol de la Asociación de la Magistratura, transformándola en una herramienta de presión y confrontación política”, planteó en su respuesta.“Es importante recordar que el Senado Provincial actúa conforme a las disposiciones constitucionales, evaluando los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de los mecanismos de control y representación de la voluntad popular. No corresponde a una asociación civil, como lo es la que usted preside, cuestionar estas decisiones con un tono que resulta, cuando menos, intimidatorio. Además, llama la atención que una asociación que ha recibido subsidios por parte de la Cámara de Diputados, según se ha señalado, utilice esos recursos para intentar presionar a otro poder del Estado, desviándose de su propósito institucional. Sería prudente que la Asociación de la Magistratura transparente el uso de estos fondos y explique en detalle cómo se condicen sus acciones con los fines de capacitación y fortalecimiento de la función judicial que justifican dichos subsidios”, dice el texto que dirigió al juez Alejandro Cánepa, titular de la Asociación.
Y sostuvo que la impugnación a Firpo se “fundamenta en cuestiones serias y documentadas que ponen en duda su idoneidad para ejercer el cargo. Dichas observaciones incluyen decisiones judiciales que han vulnerado garantías constitucionales, no solo en casos como el de la senadora Patricia Díaz o el de Cecilia Goyeneche, sino potencialmente en otros que aún no han salido a la luz. No se puede permitir que una jueza de garantías, que debería ser la primera en respetar las garantías constitucionales, se convierta en un símbolo de lo contrario. Las ampliaciones a la impugnación incluyen consideraciones sobre su actuación en la Sala Penal de la Corte Suprema, evidenciando incongruencias que merecen ser evaluadas en profundidad antes de cualquier designación”.
También ejerció su propia defensa Reggiardo: “Es necesario aclarar, además, que mi labor como abogado asesor difiere completamente de la de un empleado legislativo. Las imputaciones infundadas respecto de mi papel en este proceso no hacen más que desviar la atención de los verdaderos problemas: los vínculos cuestionables y las presuntas irregularidades en la trayectoria de la Dra. Firpo. Asimismo, resulta curioso que la Asociación de la Magistratura no haya mostrado el mismo entusiasmo en investigar irregularidades de otros funcionarios, como las relacionadas con el Iosper y las actividades de personajes como Silvio Moreyra, que sí era empleado legislativo y empresario agropecuario. Estos casos, que involucran el desvío de fondos y graves perjuicios a los entrerrianos, parecen ser intocables para su institución”.
