Alonso le dio curso al planteo y el expediente salió de la órbita del Juzgado de Garantías N°1 de Paraná, a cargo de Marina Barbagelata, que desde septiembre de 2018 controló la investigación fiscal.
Dos años después, finalmente, llegó el pronunciamiento de Casal. El procurador de la Nación consideró que la investigación corresponde al ámbito de la Justicia provincial y debe rechazarse el planteo de los abogados defensores. Sin embargo, todavía resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“Tal como se desprende de los antecedentes narrados, ambos tribunales contendientes reconocen que los hechos objeto de la causa constituyen delitos contemplados en el Código Penal que, en principio, no son de materia federal ni fueron cometidos por o contra personas aforadas al fuero excepcional, pues se trata de una defraudación contra la Legislatura de la provincia de Entre Ríos cometida por funcionarios públicos de ese nivel de gobierno asociados con particulares, sin una intervención de empleados de la nación vinculada al ejercicio de sus funciones específicamente federales”, contextualizó Casal en su dictamen que tiene fecha del 11 de agosto pasado. “Sentado ello, la razón por la cual el juez federal reclama su competencia está basada en la supuesta conexión de esos delitos de contenido patrimonial con el financiamiento de campañas electorales nacionales”, acotó.
Sobre el final del dictamen, aseveró: “Opino que la inhibitoria fue resuelta prematuramente, a falta de mayores precisiones acerca de la conexión de los delitos investigados en el fuero local con el financiamiento de campañas y partidos políticos nacionales, y además no parecen estar presentes las condiciones para que opere el fuero de atracción electoral previsto en el artículo 146 duovicies del Código Electoral Nacional”.
“Por ello, opino que el planteo de inhibición formulado por el juez subrogante del Juzgado Federal de Paraná n° 1 debe ser rechazado”, completó.
