La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry concluyó hace casi tres años, después de una pericia contable que determinó un desfalco millonario a las arcas del Estado provincial. Ese dinero salió desde la Legislatura entre 2008 y 2018, con anuencia de los sectores políticos gobernantes y connivencia de los dirigentes. El mecanismo de desvío se dio a través de contrataciones irregulares en las dos cámaras, operadas directamente desde la dirigencia y los bloques políticos, un sistema que fue creciendo con el transcurrir de los años y las gestiones de gobierno.
La causa se abrió por la denuncia casual de un agente policial que, durante una guardia en septiembre de 2018, observó movimientos extraños en un cajero automático de Paraná. Alertó a las autoridades que una persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático. Comenzó una investigación penal que llevó a la Legislatura entrerriana y la multiplicidad de contrataciones a terceras personas que, en distintos casos, fungieron como especie de “prestanombres”. Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas.
El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Desde entonces el trámite está, literalmente, frenado. Los abogados defensores hicieron un planteo de competencia. Aseguraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque el dinero desviado fue, aparentemente, para financiar la política. Así, pese a la cantidad y gravedad de delitos penales detectados por los fiscales, los abogados consiguieron sacar la investigación de la órbita penal entrerriana. Encontraron cabida y apoyo en el juez federal Daniel Alonso y lograron que la discusión pase a la Justicia Electoral primero, después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), posteriormente a la Justicia Electoral y de vuelta a la CSJN.
Esa discusión abierta estaba pronta a concluir con una resolución de la CSJN para que devuelva el expediente a la provincia y continúe su trámite regular. Pero, según reveló el sitio Análisis Digital, desde el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, se volvió a mandar a la Corte un escrito de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, fechado en mayo del año pasado. El envío desde la provincia a Nación no tiene más sentido que seguir postergando el avance de la causa en la Justicia penal. La Corte sacó el trámite de la oficina de Acuerdos y quedó nuevamente a despacho.
