En enero, el juez paraguayo Rolando Duarte le había solicitado a la Justicia argentina que “amplíe” y “clarifique” la información y argumentos que sustentan la solicitud de extradición de Kueider y Guinsel Costa por parte de Arroyo Salgado. Lo hizo a partir del dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, que fue calificado como “un exceso” y “una intromisión” en el proceso que lleva adelante la Justicia de nuestro país en los Tribunales de San Isidro. “Un magistrado de Paraguay no puede decirle a un juez argentino qué puede o no puede hacer. El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países”, señalaron fuentes judiciales. En respuesta a la solicitud de Duarte, la magistrada argentina -en base a los argumentos del fiscal interviniente en la causa que transita en los Tribunales de San Isidro, Fernando Domínguez-, le envió un escrito ampliatorio de 12 páginas el 21 de febrero pasado.
El miércoles 19 de este mes, un día antes de que venza el plazo para resolver, la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Paraguay, a cargo de Manuel Doldán, sostuvo en un dictamen que la magistrada argentina debía “corregir la superposición de rogatorias a fin de que se cumplan los lineamientos del Tratado de Extradición entre ambos países”, en referencia al pedido de medidas en el marco de la cooperación internacional entre ambos países y la solicitud de extradición.
El fiscal de Asuntos Internacionales paraguayo cuestionó que el “30 de diciembre de 2024, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, remitió una solicitud de asistencia jurídica internacional, separada de la solicitud de extradición, encausada en una rogatoria independiente, transmitida por la vía prevista e invocando la norma internacional aplicable”.
Ante una consulta al Ministerio Público Fiscal de Paraguay hecha por Infobae, explicaron que “por un lado, envían una solicitud formal de Asistencia Jurídica y piden determinadas medidas a), b) y c), y por otro lado, en vía paralela, envían una solicitud formal de extradición en donde solicitan a), b), c) invocando Tratados que exigen trámites de legalidad distintos y eso alteró el curso natural de todos los pedidos”. El juez Duarte le dio curso al dictamen del fiscal paraguayo y envió esa respuesta a la Cancillería argentina el jueves 21 de marzo, aunque al cierre de esta nota aún “no habían recibido nada formalmente”, según pudo saber este medio.
Si bien se trata de un “defecto” formal “salvable”, la lectura que hacen las autoridades argentinas es que “acá hay un tema político de retrasar o evitar la extradición”. En Cancillería deslizaron que “no recuerdan” otro caso en el que a un oficio de la Justicia argentina “con el detalle del enviado por Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez para solicitar la extradición, la respuesta de la Justicia de otro país haya sido esa”.
A su vez, en los Tribunales de San Isidro sostiene que para otorgar la extradición, no es necesario incluir las pruebas que constan en las causas en las que se lo investiga a Kueider en la Justicia federal de Argentina: por enriquecimiento y lavado de dinero, en un expediente conexo al “caso Securitas”.
“El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países. Basta con que el delito imputado sea también delito en Paraguay y que se asegure que se lo someterá al debido proceso en el país, con todas las garantías”, se quejaron en los Tribunales Federales de San Isidro.
Estando detenido en Paraguay, Kueider sumó una nueva causa penal en ese país por presunto lavado de dinero, a partir del intento de comprar seis departamentos entre abril y julio de 2024, que luego se frustró por no haber presentado la documentación respaldatoria solicitada. Las operaciones activaron Reportes de operaciones Sospechosas (ROS) en la Unidad Antilavado de Paraguay, que a su vez, alertó a su par en Argentina.
