“Coincidimos con el sector empresario entrerriano en que los tiempos que vivimos son ciertamente complejos. Siempre es momento de dejar de lado intereses particulares y encontrar los consensos necesarios para darle más y mejores oportunidades a las familias entrerrianas”, expresaron los senadores justicialistas entrerrianos que impulsan un proyecto propio de promoción industrial.
“El justicialismo ha trabajado junto al sector empresario desde hace muchos años para impulsar herramientas apunten fundamentalmente a incentivar la creación de puestos de trabajo registrados. Este acompañamiento claramente había rendido sus frutos con una política de equilibrio financiero y fiscal, garantizando seguridad jurídica para las inversiones que se quieran desarrollar en la provincia de Entre Ríos, y generando más de mil puestos de trabajo en el sector privado”, hicieron saber los legisladores.
“Las políticas de recorte y ajuste a las que nos ha sometido el gobierno nacional han determinado, tal como lo dicen las entidades empresarias, que vivamos en tiempos ciertamente complejos, y el retroceso en materia de movilidad económica y empleo, es más que evidente”, dejaron en claro.
Agregaron: “Es por eso, precisamente, que impulsamos una norma que contempla exenciones impositivas y fomente nuevos puestos de trabajo. Hemos acercado a las entidades que integran el sector empresario e industrial de Entre Ríos un nuevo proyecto de promoción industrial en base a la experiencia positiva que se desarrolló en 2023”.
“No vamos a apoyar ninguna iniciativa que se constituya en un cheque en blanco para la explotación de los recursos naturales entrerrianos y eche por tierra regulaciones provinciales que protegen al medio ambiente”, argumentaron sobre su postura en contra del RIGI.
“La ley de Promoción Industrial que actualiza la normativa existente, amplía a los beneficiarios e incluye sectores como el transporte y la economía circular, con el fin de fomentar la inversión y la creación de empleo a través de incentivos fiscales que apunten al desarrollo industrial protegiendo al medio ambiente”, destacaron.
“Nuestra Constitución defiende el derecho al agua potable y los recursos naturales. Adherir al RIGI supone subordinar el régimen regulatorio provincial sobre el medio ambiente e ingresos tributarios a ese régimen nacional. Debemos sostener y defender las potestades de nuestra provincia”, puntualizaron los senadores del bloque justicialista.
