El objetivo de esta presentación es que la Cámara baja “exprese su preocupación por la situación planteada ante el vencimiento de la concesión el próximo 8 de abril, la falta de respuesta por parte de la Dirección Nacional de Vialidad sobre el futuro de la misma y la situación laboral de los más de 500 empleados que hoy desempeñan distintas tareas a lo largo de los trazados”. Entre los argumentos de la iniciativa, se reproduce lo que la empresa informó a principio de semana: “Luego de reuniones con Vialidad Nacional, la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados. Por este motivo, y pese al insistente pedido que realizó CRUSA, ellos y sus familias, en su mayoría oriundas de localidades de la zona, no encuentran hoy certezas sobre su futuro”.
Al respecto, también se cita lo manifestado desde el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), que alertó por “500 familias en vilo ante la crítica situación que atraviesa Caminos del Río Uruguay”, remarcando que “esta falta de claridad política genera una incertidumbre total tanto para los trabajadores como en los usuarios que circulan diariamente por las rutas concesionadas”. La legisladora Morán también es autora de un proyecto de ley para establecer la “Emergencia vial” a nivel nacional. “Entendemos que, en el caso de referencia, Vialidad debe prorrogar la concesión actual hasta que se defina un rumbo claro respecto de la licitación o bien iniciar un proceso transición ordenada a una nueva concesionaria”, planteó como posibles alternativas.
“La falta de una política vial es la cuestión de fondo, lo que se evidencia en la falta de inversión en el mantenimiento de la red y en la carencia de soluciones a los usuarios que vienen sufriendo el deterioro de las rutas, lo que influye en la cantidad de muertes como causa de accidentes”, argumentó.
