La causa tiene una extensa historia, que ya supera la docena de años. La denuncia inicial, investigada por el entonces fiscal Aníbal Lafourcade, fue en 2010. Recién 10 años después, en octubre de 2020, con José Arias a cargo de la acusación, fue remitida formalmente a juicio por dictamen del Juez de Garantías Darío Mautone. Desde entonces hasta la fecha establecida para iniciar el debate oral y público hay que computar 2 años más. Por último, habrá que adicionar a esta línea temporal el lapso que transcurra hasta que, designación de nuevos defensores mediante, el juicio efectivamente tenga lugar.
Además de Mazurier, están imputados Cintia Del Rosario Mengeon, Teresita Jesús Itatí Bordon, María Florencia Lauria y Alberto Jesús Villanueva. Los delitos investigados son “peculado de bienes” en “concurso ideal” con el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La renuncia de Osvaldo Sarli a la defensa de Mazurier sorprende sobre manera, si se tiene en cuenta que el abogado tuvo gran protagonismo en los últimos años, especialmente en la tramitación de diferentes pedidos de nulidad que, si bien no prosperaron, fueron útiles para dar pelea y demorar la remisión a juicio. Entre esas jugadas jurídicas, figuró un reclamo de competencias para que la causa, diez años después de que comenzara, pasara a la Justicia Federal.
Lo concreto es que el paso al costado de Sarli y Buktenica, fueren cuales fueren los motivos, ha servido para postergar aún más la concreción del debate oral y público, que será presidido por los magistrados Eduardo Degano, Edwin Ives Bastian y Carolina López Bernis. Sobre ellos pesará la responsabilidad de dictar sentencia en el juicio de primera instancia, sea por la absolución de los imputados o por la condena.
En caso de que se diera esta última situación, sería lógico que el fallo sea apelado por las defensas, lo que dejará en suspenso las penas y dará paso a una segunda instancia, donde intervendrá la Cámara de Casación, que revisará la sentencia inicial. Si el desenlace fuera la absolución, no sería de extrañar que también hubiera apelación, aunque en ese caso impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Todo ello lleva a suponer que a los 12 años de esta historia habrá que adicionar varios más.
El debate oral y público, para el cual aún no hay nueva fecha programada, promete ser extenso, si se tiene en cuenta la larga lista de testigos, que incluye a gobernadores: el actual, Gustavo Bordet, y Sergio Daniel Urribarri. También figuran Hugo Alberto Ballay, Edgardo Kueider, Julio Rodríguez Signes, Juan Carlo Chagas, Néstor Berterame, Enrique Stola, José Carlos Ostrosky, Enrique Oscar Bacigaluppe y Sara Inés Chapado.
7 hechos bajo la lupa
En los detalles de la imputación, se atribuye a los acusados un total de siete hechos. A Mazurier se lo señala por la sustracción del dinero que se cobraba por diferentes servicios en el camping La Tortuga Alegre, lo mismo que el Complejo Termal Perilago, en el Camping Las Palmeras, la Península Gregorio Soler y el balneario Punta Viracho, todos ubicados en la zona del perilago de Salto Grande.También se lo acusa por haberse quedado de manera ilegal con el Hotel Ayuí, maniobra que habría perpetrado a través de la firma Balace SRL, Cintia Mengeon y Alberto Jesús Villanueva. Para ser más precisos, la resolución describe este último hecho en estos términos: “Omitió deliberadamente asumir la administración del HOTEL AYUI sito en la zona del Lago de Salto Grande de la ciudad de Concordia, conforme se estableciera en los convenios celebrados entre la DA-CTM y BALACE SRL de fecha 9 de enero de 2002, Acta Complementaria del 14 de agosto de 2002 y en Acta del 6 de diciembre de 2004 y convenios celebrados entre la DA-CTM y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de fecha 1o de diciembre de 2004 y el 7 de diciembre de 2005, todo lo cual realizó con el propósito de aprovecharse de tal circunstancia y apoderarse ilegítimamente de todos los montos percibidos por la explotación comercial del HOTEL AYUI, conducta que llevó adelante por intermedio de BALACE SRL, Cintia del Rosario MENGEON y Alberto Jesús VILLANUEVA, quienes - respectivamente- gerenciaban el hotel y oficiaban de prestanombre".
También se imputa a Mazurier haberse aprovechado del personal de la CODESAL para llevar a cabo trabajos “de electricidad, pintura y jardinería, para mantener y mejorar las instalaciones del HOTEL AYUI”, favoreciendo a la firma privada Balace SRL.
A María Florencia Lauria y a Teresita Jesús Itatí Bordón se las imputa por haber omitido inscribir a la CODESAL y efectuar las rendiciones de ingresos y egresos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Fiscalía consideró que tales omisiones facilitaron que Mazurier pudiera apoderarse del dinero que se cobraba por los diferentes servicios prestados en los camping y termas bajo administración de la CODESAL.
Los delitos en juego
En cuanto a las calificaciones legales, a Mazurier se le endilga la autoría material del delito de peculado de bienes y de servicios, en concurso ideal con Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública, Omisión de Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad.A Cintia del Rosario Mengeon, al igual que a Alberto Jesús Villanueva, se los acusa de partícipes necesarios del peculado de bienes, en concurso ideal con la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, e igual calificación les cabe a María Florencia Lauria y Teresita Bordón.
