Afirmó que «la cooptación de las altas esferas del Poder Judicial no ha cambiado para nada». Valoró que socialmente hay una mayor vigilancia frente a la corrupción aunque institucionalmente son escasos los progresos y aseguró que la última parte del gobierno de Gustavo Bordet fue de «mucho manotazo a la institucionalidad». Dijo que el caso «Chocolate» Rigau en la legislatura bonaerense «es idéntico al de los contratos truchos» entrerrianos.
La ex Procuradora Adjunta y destituida Fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación formalice ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el fallo de diciembre pasado en el que dictaminó que su apartamento del cargo fue irregular.
Dijo: «tengo la expectativa, a lo mejor un poco ilusoria, de que eso se pueda mover bastante rápido en la provincia de Entre Ríos para que se disponga mi restitución en el cargo».
Afirmó que «también soy consciente de que va a haber muchos actores dentro del propio Superior Tribunal de Justicia que pueden estar interesados en que eso no pase y que la forma más fácil que tienen para que eso no pase es demorar todo mucho».
Goyeneche, en diálogo con Emiliano Damonte y Guillermo Pérez en el programa Club de Barrio en la Radio AM 1110 de la Ciudad de Buenos Aires, concedió que en materia de institucionalidad todavía hay mucho por trabajar en la Argentina y que en lugar de avanzarse en mejoras «lamentablemente parece que el movimiento es inverso»
Destacó que «cada vez se hacen más visibles algunos casos». Consideró que «algunas cuestiones vinculadas a la tecnología y al registro físico-visual de muchas cosas que antes no se podía ni siquiera pensar que iban a pasar, nos permiten hoy en día encontrarnos con hechos de corrupción grabados, filmados, registrados con mensajes de texto».
Lamentó que «los niveles de corrupción sean tan enormemente altos» pero valoró «poder verlo y empezar a conversar colectivamente de cómo reaccionar frente a eso, porque algo deberíamos hacer todos los ciudadanos frente a estos índices de corrupción porque creo que son una explicación bastante suficiente de muchos de los males que padecemos en nuestra sociedad».
Arriesgó que «muchas de las crisis constantes en las que nos encontramos podrían mitigarse al menos si pensáramos en índices menores de corrupción».
Respecto de qué percepción tiene de cuánto caló socialmente su caso, consideró que «socialmente a mí me tocó estar muy expuesta públicamente frente a lo que me pasó, que tomó mucha relevancia, el hecho de que fue bastante sincrónico mi apartamiento del cargo con el enjuiciamiento al ex gobernador Urribarri, toda esa sincronía hizo que tomara mucho estado público. Me da la sensación de que hay bastante conciencia social de la necesidad de reaccionar frente a la corrupción», estimó.
Aclaró que «a lo mejor es por mi experiencia personal que hace que la gente me dé conversación sobre ese tema. Pero también he visto encuestas que destacan a este como un tema de interés para la gente. Obviamente hay cosas más acuciantes en el día a día, a veces, que hacen que esto pase a segundo término, pero no porque tenga menor importancia, sino porque las urgencias a veces hacen que uno dilate a ocuparse de algunas otras cosas».
Advirtió que «en lo institucional yo no he visto mejoras significativas. Pasamos en la etapa del último tramo del gobierno de Bordet, de mucho manotazo a la institucionalidad, de mucho quiebre de reglas institucionales básicas, que estuvieron encabezadas por una decisión del ex gobernador Bordet de tratar de generar las condiciones para la impunidad. No tengo ninguna duda de que esto ocurrió así».
Repasó que «en los últimos años de gobierno (de Bordet) se dio mi destitución, se cambiaron varias leyes, se consiguió designar a varios integrantes del Tribunal de Cuentas, se hicieron casi de una manera oculta los concursos para Tribunal de Cuentas, para la Contaduría General de la Provincia, para la Tesorería de la Provincia, se trató de hacer el concurso del fiscal anticorrupción, se destruyó el sistema de nombramientos del Consejo de la Magistratura Provincial».
Y remarcó que después de «todo eso que se desintegró en el último período de Bordet no he visto acciones intencionales tendientes a generar impunidad de esta magnitud, pero tampoco he visto que haya una reacción demasiado activa tratando de revertirlo«.
Dijo que «es cierto que hay algunas propuestas de mejorar algunas de esas cosas, en la Provincia de Entre Ríos al menos se ha metido un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, en algunas provincias están aprobando Ficha Limpia, pero la verdad que son cuestiones más bien aisladas y no parte de un proceso más general».
Admitió que la estructura judicial que intervino en su destitución sigue intacta «sin ningún problema. Los vimos actuar en enero de este año cuando tres jueces del Superior Tribunal de Justicia incardinaron sus esfuerzos para liberar inmediatamente que inició la Feria Judicial al ex gobernador Uribarri que estaba cumpliendo prisión preventiva».
Agregó que «han aparecido algunas personas nuevas, pero esencialmente la estructura es la misma y los resortes de poder que están atrás de esa estructura son los mismos y se mueven de la misma manera».
Remarcó que «la cooptación de las altas esferas del Poder Judicial, porque no es de todo el Poder Judicial entrerriano, pero sí es de una parte importante del Superior Tribunal de Justicia, no ha cambiado para nada».
Toma de conciencia
La Asociación de Fiscales tuvo un alto involucramiento en la defensa Cecilia Goyeneche cuando fue destituida de su cargo de Procuradora Adjunta.Goyeneche consideró que con la participación activa de parte de esta entidad «se dio un paso adelante». Recordó que «conjuntamente con mi suspensión en el cargo a fines del 2021, me contactaron de la Asociación Argentina de Fiscales, una asociación que tenía sus años, pero que después de eso llevaron adelante mi caso con mucho énfasis al punto que propusieron y pidieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) para plantear las situaciones vinculadas a la independencia de los fiscales y como yo era un caso, pero había varios otros, el caso de la Provincia de Santa Fe es un caso también grave en ese aspecto de cómo se interfiere en la actuación de los fiscales, se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión dio una audiencia, atendió la situación, llamaron la atención sobre ese punto e hicimos una presentación ante el Comisionado de la ONU sobre independencia judicial que también hizo una manifestación en relación con mi caso. Todo eso llevado adelante por este gremio, podríamos decirlo, de fiscales que a partir de allí no ha parado de crecer en la cantidad de miembros que ha tenido». Mencionó que «la semana que viene tenemos en la UBA una conferencia anual de la Asociación Argentina de Fiscales a la que van a venir varios procuradores del país. Yo creo que esto tiene que ver con una toma de conciencia por parte de los integrantes de los Ministerios Públicos de la necesidad de resguardar la independencia, de lo importante que es trabajar con independencia y evitar que los otros poderes del Estado se inmiscuyan y traten de evitar las investigaciones y de ejercer presiones discretas e indiscretas sobre la Fiscalía».
Y si se han dado otros pasos en materia institucional para avanzar con mecanismos que protejan el trabajo de los fiscales dijo que «en eso no ha habido cambios. Hablando de la provincia de Santa Fe estoy esperanzada en que haya cambios con la reforma constitucional que van a hacer».
Advirtió que «es muy difícil darle protección a los fiscales porque el trabajo del fiscal es muy demandante en cuanto a que es quien va al choque con las mafias, con los corruptos, entonces está muy expuesto. En otros países de Latinoamérica sabemos que los fiscales incluso están expuestos a hechos de violencia física muy graves, con muertes de fiscales inclusive. Entonces es un trabajo muy minucioso, muy delicado, que tiene que estar bajo la lupa pública, porque también es cierto que los fiscales son funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas de sus funciones, que puede haber hechos de corrupción dentro de las fiscalías también y que entonces es necesario que sean controlados, entonces ahí hay que encontrar un balance entre blindar a los fiscales lo más posible para evitar que sean vapuleados a través de la interferencia de la independencia, pero a la vez que los fiscales tengan también los deberes de rendir cuenta suficientes como para controlarlos adecuadamente».
El caso «Chocolate» Rigau, idéntico
Durante la entrevista se le consultó a Cecilia Goyeneche si encontraba paralelismos entre el caso de los «Contratos Truchos» en la Legislatura entrerriana y el caso «Chocolate» Rigau en el que un empleado de la Legislatura bonaerense fue detenido en un cajero automático de La Plata con tarjetas de débito de diferentes titulares extrayendo efectivo de cuentas que correspondían a pago de sueldos públicos. Respondió tajante: «Lo de «Chocolate» Rigau mostró un mecanismo idéntico al de Entre Ríos, gemelo».Consideró que «ellos no tuvieron la suerte de encontrarse con tanta prueba como nosotros de entrada. Nosotros encontramos muchísima prueba de entrada de todo el mecanismo que era de más de 10 años de antigüedad de cómo habían sustraído».
«Creo que habían sido demasiado prolijos», expresó y detalló que «habían dejado registrado todo. Eran prolijos dentro de lo que era un mecanismo burdo» por la certeza de impunidad que evidentemente tenían.
Remarcó que «en la causa de los contratos de la legislatura de Entre Ríos están imputados también los que tenían que ejercer el control, los integrantes del Tribunal de Cuentas que estaban en situ en la legislatura sin controlar nada y permitiendo que eso pasara».
«Los que controlaban miraban para otro lado y los que robaban lo hacían de una manera absolutamente burda realmente pero dejaban registrado cada movimiento de esa rendición de cuenta que iban haciendo», repasó.
Dijo que en el caso de «Chocolate» Rigau «pasaba más o menos lo mismo y la legislatura reaccionó de la misma manera. Cuando la fiscal pidió la información sobre los contratados la legislatura le negó la información igual que habían hecho aquí negándose a dar la información y victimizando la posición de la Legislatura diciendo que era una invasión a su poder, a su legitimidad legislativa, etc. Así que sí, yo lo que veo es muy parecido».
