Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La vicepresidenta no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones.
El tribunal dispuso el decomisio de 84.835.227.300 de pesos actualizados, que es el monto de “los efectos del delitos”.La sentencia fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Hasta último momento todas fueron especulaciones.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.
La ex presidenta se enteró de la decisión en su despacho del Senado, desde donde inmediatamente habló para responder al veredicto a través de un mensaje público con duras críticas. Insistió en la idea del “lawfare” y “el partido judicial”. Y volvió a repetir que en este juicio no estuvieron acusados los jefes de Gabinete de la gestión k, entre los cuales está el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa.El fiscal Diego Luciani, que había pedido doce años de condena para ella, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.
La decisión fue tomada pasadas las 17 en los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras afuera un grupo de militantes cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor. Adentro, los periodistas se agolpaban para poder entrar a la pequeña sala de audiencias donde se leería el veredicto, que, de todas formas, se transmitía vía YouTube.
Además, el tribunal oral absolvió al exministro de Planificación Julio de De Vido, a Abel Fatala y a Héctor Garro por los hechos que fueron motivo del juicio. Y en el mismo sentido sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner, por prescripción del delito de incumplimetino de los deberes de funcionario publico.
Además de Cristina Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.
Obras de 2003 a 2015
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.
La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.
Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probados los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
