“Es una medida sorpresiva, arbitraria e injusta”, cuestionó la secretaria adjunta de la seccional Entre Ríos de UPCN, Carina Domínguez, convencida que se trata de una represalia frente al reclamo salarial que vienen llevando adelante, por lo tanto entendió que implica también “un ataque a la libertad sindical”.
El conflicto comenzó a mediados de octubre, aparentemente por un atraso en el pago de sueldos: “Si bien UPCN logró que se liquiden esos salarios gracias a las distintas acciones gremiales que llevó adelante -sostuvieron desde el gremio-, posteriormente el intendente despidió a cuatro trabajadores, que son justamente quienes iniciaron las gestiones para que el sindicato los represente”.
“No podemos dejar de interpretar a esta medida como una represalia frente al reclamo”, expresó Domínguez, advirtiendo que “esta injusta decisión deja en la calle a cuatro familias, con todo lo que eso implica en el actual contexto de ajuste que se vive en el país, que genera desocupación y afecta a los sectores más vulnerables”.
La situación se agravó debido a la decisión de la Municipalidad de Pueblo Brugo de contratar nuevos empleados. “Esto demuestra que el despido de los compañeros no sólo es una injusticia sino que además resulta una provocación”, expuso la dirigente gremial.
Desde UPCN se exigió al intendente dar marcha atrás con las cesantías, pero el pedido fue rechazado y se ratificó la decisión, negándose a recibir en audiencia formal a los representantes sindicales. “Sólo accedió a una conversación informal que no produjo definiciones”, lamentó Domínguez.
Ante esta situación, desde el gremio se cursó una nota a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos en la que solicitan una “urgente convocatoria a audiencia de conciliación” entre representantes de UPCN y el presidente municipal, con el objetivo de resolver la situación mediante la reincorporación de los agentes despedidos.
“Debido a la gravedad de estos hechos, consideramos necesario habilitar un ámbito serio donde se pueda resolver esta situación bajo criterios razonables”, se lee en la nota dirigida al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, en la que además se cuestiona “el manejo discrecional mostrado por Ruiz” y “el ataque a la libertad sindical que supone la medida dispuesta”.
