La comitiva que se dirigió a la unidad penal el pasado 11 de julio estaba encabezada por diputado nacional de Entre Ríos, Beltrán Benedit, quien se encontraba acompañado por sus pares Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, oriunda de Colón pero electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez trascendida la visita y estallado el escándalo, el obispado hizo saber a través de un comunicado que se le informó a Olivera Ravasi que “en adelante no tiene autorización para residir” en sus dependencias, luego de “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano”.
“El sacerdote está incardinado en la Diócesis de San Rafael (Mendoza) y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate- Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, señaló el obispado.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, repasó el comunicado, que añadió: “Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate- Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.
Para seguir ejerciendo, Olivera Ravasi debería regresar a su diócesis de San Rafael, donde el obispado local deberá decidir qué decisión toma sobre el polémico sacerdote.
