En su voto, Giorgio sostuvo que «considero ostensible que el rechazo al pedido de sobreseimiento no constituye sentencia definitiva, no causa estado, no pone fin al pleito ni ocasiona un gravamen irreparable». Y concluyó que «no se encuentran reunidos los requisitos mínimos habilitantes de la vía extraordinaria, compartiendo la postura denegatoria asumida por la Cámara de Casación y proponiendo así el rechazo del recurso incoado».
Distinta fue la posición de Mizawak que entendió que «se plantearon concretos agravios constitucionales que dan lugar al remedio extraordinario intentado, tales como la arbitrariedad de lo resuelto». La jueza sumó que en la presentación «se precisó y fundamentó que el pronunciamiento en crisis infringe la doctrina jurisprudencial fijada por esta Sala en el precedente “Cozzi” (sobre los plazos procesales); lo que objetivamente encuadra en
las previsiones del inc. 2º, del art. 521 del CPPER, que establece la procedencia de la impugnación extraordinaria cuando la sentencia de la Cámara de Casación Penal resulte contradictoria con la doctrina sentada en un fallo anterior del mismo Tribunal o del Tribunal Superior sobre la misma cuestión».
Así, se inclinó «por hacer lugar al recurso de queja deducido, declarar mal denegada la impugnación extraordinaria interpuesta y concederla ante esta Sala», posición a la que adhirió Carubia.
Antecedentes
En marzo último, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Gervasio Pablo Labriola confirmó lo resuelto por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, y rechazó el pedido de sobreseimiento para Canosa y Montefiori en la causa por enriquecimiento. El magistrado, además, ratificó la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia de ordenar al Ministerio Público Fiscal que en un plazo de 40 días hábiles resuelva si dicta el sobreseimiento o remite la causa a juicio oral.Labriola diferenció que lo que resolvió Barbagelata no fue la insubsistencia de la acción penal sino más bien la insubsistencia de la acción investigativa del Ministerio Público Fiscal. Pero además no encontró fundamentos para aplicar el “fallo Cozzi”, que hubiera decretado la potestad investigativa de Fiscalía y, trascartón, dictar el sobreseimiento. “Disiento con los defensores. No necesariamente la declaración de la insubsistencia debe de modo inexorable conducir al dictado del sobreseimiento. Esta causa difiere del caso Cozzi por lo cual no se puede llegar a la misma conclusión”, planteó Labriola.
Luego, amplió: “La jueza no autorizó a que Fiscalía siga la investigación luego de decretar la insubsistencia. Ordenó que con lo colectado al 28 de noviembre de 2023 analice los pasos a seguir: sobreseimiento o remita causa a juicio”. Y opinó que la resolución de Barbagelata resulta una decisión “razonable y fundada”.
El 27 de marzo último, el expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) -entre 2007 y 2015-había pedido a la Justicia que dicte su sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió en su contra en 2016.
“Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre. Y es muy difícil que alguien entienda lo que sucede. Pido justicia, que concluya esto, por favor, por criterio de humanidad, y porque hay fallos que avalan lo que pido”.
De ese modo, Canosa se dirigió al juez de juicio Gervasio Pablo Labriola, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, que este viernes escuchó los argumentos suyos y de su defensor, Miguel Cullen, para que se dicte el sobreseimiento en la causa por enriquecimiento que lo tiene involucrado al exfuncionario público y también a su esposa, la defensora pública Paula Montefiori.
El 21 de diciembre último, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó la petición de sobreseimiento, pero a la vez concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía lo siga investigando a Canosa y a su patrimonio. Barbagelata le otorgó 40 días a Fiscalía para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio. Como esa resolución de la magistrada está recurrida por la defensa, el juez Labriola prohibió a las partes realizar actos procesales en el ínterin hasta que no haya resolución de su parte.
Canosa historió el derrotero de la causa en su contra. “Cuando esto empezó, mis dos hijas menores estaban en jardín de infantes. Mi hija mayor, en primaria. Año 2015. Dejé Sidecreer en 2015. La barbaridad que se ha hecho es inconmensurable. Por más que no haya prisión, ni embargos, la condena que yo vengo sufriendo desde 2015 no tiene nombre. Ni hablar del castigo de los medios, no de todos, pero de muchos de ellos, que permanentemente me tienen en la parrilla varias veces al año. Eso es condena social”, sostuvo Canosa.
Dijo que vive de su profesión: “Trabajo hace 8 años con (el abogado Raúl) Barrandeguy. En su estudio. Me da hasta vergüenza firmar escritos, porque el cliente puede pensar que soy un delincuente, por más posgrados que haya hecho. Y colaboro con otros estudios, como el del doctor (Miguel) Cullen. Y yo sigo con esta condena social. Lo que pedimos es ajustado a Derecho, ajustado a humanidad. Mis hijas ya están en la Universidad, y yo sigo en esta instancia”.
Cuestionó el trabajo de los fiscales que hasta 2023 estuvieron al frente de la causa, Juan Malvasio y Santiago Brugo -hoy vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones- por haber demorado la investigación en su contra. “No les dio el piné para semejante movida”, aseveró.
Detalló el derrotero de la causa en su contra: “El 5 de octubre de 2017 los bancos dijeron que habían mandado toda la información solicitada por Fiscalía, información que se volvió a pedir en 2022. En esa fecha se paralizó la actividad procesal durante 5 meses, hasta 17 de febrero de 2018. Hubo reiteración de medidas. Pasó hasta el 11 de junio de 2018. Nuevamente detenida hasta el 15 de febrero de 2019. Ocho meses más. Desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2021. Y desde 1º de octubre de 2021 hasta noviembre de 2022 cuando se presentó pericia. Y desde noviembre de 2022 pasó un año más sin actividad procesal y se nos llamó a indagatoria. Hubo 3 años y 3 meses de paralización absoluta. El Estado se desentendió de la investigación”.
“Después de 8 años, el Poder Judicial me tiene que escuchar. Vengo a pedir basta. No hay otra salida que el sobreseimiento. No hay forma de recuperar prueba que no se pidió en su momento”, planteó.
Luego, hizo una comparación: “Si me hubieran condenado, ya estaría libre y trabajando en mi profesión. Son ocho años de investigación judicial. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar?”.
Al final, planteó: “En nombre de la justicia, solicito mi sobreseimiento. Y de mi compañera de vida, Paula Montefiori”.
La petición de Canosa fue avalada por su defensor, Miguel Cullen, que ejerce la tarea junto a Raúl Barrandeguy, y avalada por Andrés Bacigaluppo, defensor de su pareja, Paula Montefiori.
El planteo de las defensas fue rechazado por el fiscal Gonzalo Badano, que pidió que se confirme el rechazo al sobreseimiento.
La resolución de Labriola fue luego confirmada por Casación el 25 de junio, tribunal que además rechazó el 20 de agosto la impugnación extraordinaria de los defensores de Canosa y de Montefiori.
