"La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos", explicaron los interventores y detallaron que, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio cuando decidió la intervención, "sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo".
Los interventores designados por el Poder Ejecutivo para sanear el Iosper detectaron que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado el expresidente Fernando Cañete. El total asciende a $42.871.884.708, de la cual el 56 por ciento corresponde a medicamentos, por lo que resaltaron “la mala gestión financiera”.
También apuntaron que "tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes", y resaltaron que "el Iosper compra, y contrata, mal y caro". Además, aclararon que la intervención trabaja "con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados".
Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que ex miembros del Directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.
Asimismo, detectaron el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1.000 millones mensuales, que finalmente logró impedir la intervención. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez.
Por otra parte, los interventores resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1 de enero de 2024, la obra social hubiese ahorrado 1.700 millones de pesos.
Otro de los detalles que detectó la intervención en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones, que “se hacía llevar y traer todas las semanas desde la provincia de Corrientes, y que se le pagaba, además del sueldo, los gastos de traslado y el hotel en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos”.
A eso se suman irregularidades en el pago del servicio de lavado de los automóviles oficiales, con precios por encima de los de mercado y el pago de televisión por cable en oficinas en las que no hay televisores.
