Así se expresa el fiscal Juan Sebastián Blanc, en el inicio de una larga entrevista concedida a El Entre Ríos para repasar la engorrosa tarea que lleva adelante la Unidad Fiscal de Colón, tras la denuncia presentada el 27 de mayo pasado en tribunales.
De todas maneras, confirma la existencia de una nueva denuncia, radicada por el mismísimo Ministerio de Salud, en base a diferencias de dinero detectadas en el transcurso de su intervención; más citaciones y nuevas evidencias que conducen a una imputación.
Tres denuncias en trámite
Quienes encendieron la mecha con la primera denuncia por cobros irregulares, fueron la abogada Clarisa Marano Roude, hija de un paciente internado por Covid; la licenciada Sandra Giovenale, jefa del área de Enfermería del nosocomio; y la médica Analía Fernández, encargada del hogar de ancianos de la misma institución. -Una vez aceptado el pedido de querella de una de las denunciantes como “particular ofendida”, ¿hay posibilidades de encarar un trabajo conjunto desde la Fiscalía, o las hipótesis son tan opuestas que transitarán carriles distintos?
-Nosotros tenemos limitaciones en cuanto a la información que podemos brindar, pero a quienes puedan ser víctimas tenemos la obligación de informarles cómo avanza la causa: han aportado evidencias, fueron entrevistadas e incluso se las ha informado hasta personalmente, pero nunca nos han manifestado desacuerdo, más allá de que públicamente haya sido distinto.
Entretanto, el fiscal Blanc dio a conocer que el Ministerio de Salud hizo lo propio con una nueva denuncia que hasta el momento no había salido a la luz, en función de los primeros datos de su auditoría: “Lo que se denuncia, además de esta situación que nosotros ya estábamos investigando, es que no surge una rendición de cuentas adecuada del dinero que aparece en los recibos”. Y que hay un corte secuencial de tiempo, “porque la tarea es mucha y muy larga, entonces se optó por arrancar desde que comienza la pandemia para poder avanzar”. Es decir, “de enero de 2020 a mayo de 2021 se detecta, por ejemplo, un ingreso de 1 millón 700 mil pesos que constan en los recibos, discriminados entre: ingresos por pensión del hogar, colaboración, donación, etcétera”.
Según Blanc, “hay una suma importante de dinero que no aparece ingresada a las cuentas bancarias del hospital ni registrado. En principio, ello puede dar lugar provisoriamente a un delito de peculado, cuando el dinero que debería haber ingresado a la administración, no lo hizo. Diferente a la malversación, que en ese caso se trataría de una mala utilización de fondos dentro de la administración pública”. -En los últimos días, hubo otra denuncia contra la entonces administradora: posible faltante del título secundario para ejercer ese cargo. ¿Podría tramitar dentro de la misma causa?
-Eso se recibió, se realizó una resolución que se llama de ampliación y se va a investigar dentro del mismo legajo. Estas decisiones se toman en función de la practicidad de la investigación.
Si se torna muy complejo investigar todo dentro de un mismo trámite se irá separando, pero mientras se pueda y se apunte a que una misma persona pueda haber cometido varios hechos, incluso también para garantizar su derecho de defensa, todo se encuadra dentro de la misma tramitación.
De todas maneras, esto último que se mencionó y que efectivamente podría llegar a configurar un delito, no tiene relación con la figura delictiva que se había denunciado antes. Pero como en este caso es una persona que ya está involucrada por algo que tiene que ver con el cargo que ostentaba, en principio va a seguir tramitando junto a la denuncia original.
Investigación, de la mano de una auditoría
Mientras el Ministerio de Salud y la Fiscalía hacen su trabajo, Juan Sebastián Blanc fue consultado acerca de la situación de la administradora denunciada, Claudia Lugrín, como así también de una hermana y una sobrina suya con puestos en el mismo área.Momentáneamente apartada del cargo y en uso de licencia por vacaciones, trascendió que buscaría volver al ruedo a través de un traslado a otro efector público del Departamento Colón, decisión que quedaría en manos de la cartera sanitaria provincial.
Ahora, tiempo de conocer en qué punto pueden complementarse la auditoría de Salud y la investigación de la Justicia, con una ampliación de los hechos que deberían acreditarse para luego imputar posibles delitos, a partir de lo denunciado. -¿Hoy por hoy, hay alguna persona imputada, ya sea la administradora que en su momento fue aludida con nombre y apellido u otro agente de la administración pública?
-Desde un primer momento, se cita a la administradora y a quien era la directora del hospital (Graciela Ingold) al momento de ocurrencia de los hechos para que designen abogado porque podrían llegar a tener algún tipo de responsabilidad, que es lo que se está investigando.
Después, se amplió a dos personas que integran el plantel que trabajaba en la administración, que se las acaba de citar producto de nuevas evidencias, para que designen abogado defensor.
Uno investiga si los hechos ocurrieron, pero también la autoría. Qué personas pueden tener responsabilidad en tal o cual hecho, que es lo que estamos investigando en este momento.
En principio, vamos sumando elementos de importancia que nos dirigen a formular una imputación: para hacerlo, debemos tener en claro los hechos y las evidencias que los sostienen.
-En este caso puntual, ¿vendría de la mano de un lazo familiar, más allá del compañerismo que se daba dentro de la administración?
-No tiene que ver el lazo familiar sino su función dentro de la administración, básicamente la vinculación que podrían llegar a tener en los hechos que estamos investigando. Si a su vez ese hecho configura un delito, si en ese delito puede ser autor o partícipe. En este momento no está determinado, pues eso sucede cuando citamos a las personas a prestar declaración de imputado, algo que todavía no ocurrió.
-¿En qué punto pueden complementarse la auditoría del Ministerio de Salud y la investigación judicial?
-El trabajo es conjunto desde cuando se dispone la intervención, por la cual queda a cargo de personas ajenas a la administración, independientemente que haya quedado algún personal sospechado adentro, pero eso es facultad del equipo interventor.
En este tipo de cuestiones, para nosotros resulta de mucha utilidad el control previo que pueda hacerse de la administración, a través de sus propios órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, información sumaria, sumario administrativo o intervención.
Toda información que hasta el momento no nos hace dudar en absoluto, más bien todo lo contrario, porque de inmediato pusieron a disposición el material y fueron respondiendo a cada cuestión que fuimos planteando. Es más, nos ampliaron los hechos a investigar con la denuncia que acabo de mencionar.
-Más allá de esta buena sintonía entre Salud y Fiscalía, ¿tienen pensado nombrar un perito contable propio?
-Lo podemos hacer, pero primero debemos evaluar toda la información que administrativamente se incorpore y, posteriormente, veremos en qué podemos profundizar a través de nuestros propios peritos.
