“Resulta inaudito y escandaloso que el gobierno de Bordet se haga autobombo en los medios con el anuncio de una reunión nacional sobre temas de transparencia, cuando Entre Ríos es una de las pocas provincias que no tiene una Ley de Ética Pública ni tampoco de Acceso a la Información Pública, pese a lo que dispone la Constitución Provincial reformada en 2008”. Precisamente, este legislador radical es autor de un proyecto de Ley de Ética Pública que ingresó a la Cámara baja en febrero de 2020 y aún no ha conseguido ser tratado en comisiones.
Su iniciativa contempla que las declaraciones juradas de bienes sean presentadas antes y después de la función pública por parte de las autoridades de todos los niveles del gobierno provincial: desde el gobernador, su vice, ministros y secretarios, hasta directores departamentales de escuela y jefes de policía, “pero lo más importante es que sean públicas y de acceso libre para cualquier ciudadano a través de Internet, de manera tal que el pueblo conozca, sin condicionamiento alguno, el patrimonio de sus representantes”, explicó Solari.
“El oficialismo entrerriano se niega a debatir y tratar la mayoría de los proyectos que presentamos los legisladores de la oposición”, denunció el diputado provincial de “Juntos por el Cambio”, al tiempo que arremetió: “Bordet y compañía deberían reconocer el sustantivo atraso que significa para la calidad democrática de la provincia que las declaraciones juradas de los funcionarios permanezcan ocultas para la ciudadanía en general y que la información pública sea retaceada o directamente no brindada ante distintos requerimientos, obligando a llevar estos asuntos a los estrados judiciales”. “Esto último implica -a su juicio- un severo incumplimiento de lo que ordena la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos, a los cuales la Argentina ha adherido plenamente hace bastante tiempo ya”.
En este escenario, Solari considera que “se hace imprescindible rediseñar reglas éticas y de integridad para la función pública, aportando en positivo a la credibilidad de las acciones de gobierno en pos del bien común, lo cual va a contramano de muchas de las acciones del actual gobierno y sus funcionarios, pese a que quieran demostrar lo contrario con títulos grandilocuentes en los medios de comunicación”.
