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En medio de un vendaval de noticias, quizá haya pasado desapercibida la grave advertencia que emitiera el Consejo de Protección de Humedales de Concordia.

Sin medias tintas, alertó sobre la existencia de un “común denominador” que está provocando estragos en el patrimonio. ¿En qué consiste? En la capital del citrus “billetera mata ambiente”, podría ser una síntesis fácil de comprender.

Pero desde el Consejo lo explicaron con otras palabras mucho más apropiadas: “En nuestra ciudad –dice el documento-, pagando una multa, uno puede hacer desaparecer un cerro, rellenar y destruir grandes humedales, quemar un área protegida, derribar la selva en galería, arruinar sitios arqueológicos importantes para nuestra historia, contaminar cuerpos de agua, destruir palmares protegidos, lotear sin autorización y una serie de delitos que incrementan esta lista”. ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los integrantes del Consejo de Protección de Humedales? ¿Qué los motivó a salir al ruedo para encender luces de alarma?

“En el Naranjal de Pereda, que es el área donde se estima que se fundó la ciudad de Concordia, se iniciaron trabajos sin los permisos correspondientes. Ese fue el gran motivo de salir con una nota siendo tan explícitos con lo que está pasando en la ciudad”, contó el Doctor en Ciencias Biológicas y Licenciado en Ciencias Biológicas Eduardo Etchepare, en diálogo con el programa Despertá con Nosotros por Oíd Mortales Radio.

Etchepare resaltó que “Concordia es pionera en la protección de humedales. Ha hecho un inventario de humedales que muy pocos municipios tienen. Cuenta con una ordenanza específica que protege estos ambientes”.

Pero, aún así, “la destrucción de grandes terrenos emblemáticos de nuestra ciudad viene ocurriendo, no sólo en este último tiempo sino hace varias décadas. Lo que notamos es que, en todos estos problemas hay un común denominador: profesionales y privados, sin autorización –demos el margen para la duda de que pueda ser por desinformación, que yo no lo creo-, no cumplen las normas y esto lleva a que, por una simple sanción económica, siguen adelante. El común denominador es que uno pagando una multa puede seguir adelante con la destrucción del ambiente y sin pagar consecuencias”, enfatizó.

El biólogo asesor del Consejo de Protección de Humedales no dudó en llamar la atención sobre la responsabilidad de los profesionales. “Hay mala praxis, mala práctica profesional. Muchos profesionales, que son los idóneos en la materia, que son los primeros que deben cumplir con los requisitos, no lo están haciendo. El municipio es el responsable de controlar esto. Pero la municipalidad no puede poner un inspector en cada esquina, tipo policía, para controlar a todos los privados”, explicó.

Etchepare señaló especialmente a gente con “capacidad económica” para asumir el costo de dañar el ambiente. Y puso un ejemplo para nada casual: “vemos a menudo loteos de grandes superficies sin cumplir con los requisitos y ese costo ambiental se ve asumido con apenas la mitad de un lote que se venda”.

Entre esos loteos, el biólogo mencionó uno reciente, en Villa Adela, donde, a su entender, hubo doble daño al ambiente. “Más allá de que se tapó un humedal, se destruyó también un cerro completo para sacar la tierra y rellenar. Además, con la erosión que se produce por el agua, la lluvia, los vientos, hay riesgo para los vecinos de que una porción del cerro que quedó comience a desmoronarse”, apuntó.

-¿Alguna respuesta tras la publicación del documento?

-Nuestra idea es comenzar a trabajar con abogados y concejales que están comprometidos en este tema, para ver de qué manera podemos ser más contundentes con los profesionales. Pongo un ejemplo de mi profesión: soy biólogo, trabajo con animales, sé que tengo que tener una matrícula, trabajo para el Conicet, sé que tengo que tener los permisos vigentes para manipular animales, permisos interprovinciales, permisos nacionales, etc. Yo sé que a todo eso lo tengo que tener al día. Inclusive el código de ética actualizado. Si fallo en eso estoy sometido inclusive a una denuncia penal.

Pero como el ambiente no está en la agenda pública como prioridad, no logramos comprender la dimensión que tiene. Destruir un humedal no solo ocasiona problemas actuales sino a futuro. Esto en nuestra ciudad ya se ve con inundaciones repentinas, calles inundadas con muy pocos milímetros de lluvia, roturas de calles y, en definitiva, a todo eso lo tiene que pagar el municipio; o sea, el contribuyente.

Ciudades muy grandes como Resistencia y Corrientes ya han pasado por este problema. Tuve la oportunidad de vivir muchos años en esa zona y, lloviendo apenas entre 25 y 50 mm, quedan completamente inundada. ¿Por qué esperar que en Concordia pase lo mismo y, en definitiva, se perjudique a todos los vecinos, muchas veces a los que no tienen ni voz ni voto en temas ambientales?

-¿El Consejo de Protección Humedales pudo hacer oír su preocupación sobre todas estas cuestiones en el proceso de diálogo que decantó en el Pacto de Julio?

-No, la verdad es que nosotros como Consejo no fuimos invitados a participar del Pacto.

-¿El Consejo funciona bajo la órbita municipal o es una organización totalmente separada del Estado?

-Es un organismo que tiene su origen en la ordenanza del 2019 y posteriores modificatorias, que tiene tres ejes principales. Se crea un equipo técnico, con representantes de distintas oficinas del municipio, un representante del Consejo de Protección de Humedales y yo que asesoro en forma ad honorem. Eso agilizó mucho las cosas. Pero lamentablemente, por decisión de esta gestión, desde principio de este año ese equipo técnico no funcionó durante 6 meses y muchas de estas obras que rebalsaron el vaso comenzaron en ese período.

Mientras estuvo en funcionamiento, todo expediente de permiso de uso de suelo, en una actitud precautoria, iba a este equipo técnico de protección de humedales, para que se expidiera, especialmente si estaba en un área que se presumía podía ser un humedal o un curso de agua. Lamentablemente, al no funcionar durante estos primeros seis meses de gestión por una decisión de la gestión actual, muchos de estos expedientes comenzaban a circular y no se daba una resolución a tiempo.

Por suerte ese equipo técnico se puso en funciones nuevamente y es un primer escudo para evitar la destrucción del ambiente.

-¿Qué otros ejes surgen de la ordenanza de humedales?

-Exige concretar un inventario de humedales del ejido de la ciudad, que en 2023 de culminó como una primera aproximación. Con el tiempo se irá perfeccionando. Y el otro punto es justamente la creación del Consejo Asesor de Protección de Humedales, conformado por ONG y profesionales de distintas disciplinas.

-¿Cuáles son los humedales que están hoy en peligro? ¿Hay obras o loteos que les preocupen especialmente?

-Uno es el loteo de Villa Zorraquín, en la denominada Quinta Rösch, que no solamente destruye áreas próximas al humedal sino que también extrae palmeras que se encuentran protegidas por una ley provincial. Es uno de los casos más emblemáticos. También el gran humedal que se encuentra al costado de La Bianca, denominado Salto Chico, que fue modificado, rellenado, sin autorización.

Si me pongo a enumerar hay muchos. Está además el loteo en Villa Adela y algo patrimonial, que nos preocupó mucho, que también fue realizado sin autorización inicial, es al lado del Naranjal de Pereda. Si bien no afecta directamente un humedal porque está en una cota superior a la 17, sí afectó a la selva en galería, al humedal del Río Uruguay por ser contiguo y a una zona que patrimonialmente es muy importante.

Hay veces en que el municipio, por negligencia o porque no tiene todos los recursos para estar controlando todos los ambientes, llega muy tarde…
Fuente: Oíd Mortales Radio - El Entre Ríos

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