El funcionario en tiempos de la última gobernación de Jorge Busti, y las dos posteriores de Sergio Urribarri, está acusado de manejar de manera irregular el hotel "Ayuí" que la Codesal recibió para la administración a partir de que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande lo cediera a la provincia para la explotación junto con todas las áreas conocidas como Perilago puestas bajo el manejo de la Codesal. Aunque aún no culminó la audiencia de imputación iniciada este viernes, trascendió que el Fiscal Lafourcade, tras una extensa investigación que comenzó hace 7 años, imputó a Mazurier por cuatro hechos distintos, dos de ellos por "peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", un tercero por "omisión de deberes de funcionario público" y un cuarto hecho por "peculado, administración fraudulenta, omisión de deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
Al día siguiente de la imputación, Mazurier reaccionó desde las páginas de su diario, considerándose como el "pato de la boda". En un editorial, además de admitir que "la mano viene pesada", escribió: "Espero salir del brete de 'pato de la boda' aunque un poderoso aparato de hombres de traje esperan 'cocinarme' previo desplumarme públicamente para regocijo de quienes creen que van a 'hacer justicia' por medio de la injusticia solapada de 'su' verdad y quisieran mi linchamiento público".
Al editorial del viernes, suma ahora un comunicado publicado este sábado, cuyos autores serían los "socios-trabajadores de Diario El Sol". El texto tiene por propósito presentar al imputado como víctima de una "represalia judicial" y asociar los hechos con un atentado a la "libertad de expresión".
Aunque las imputaciones en su contra llegan después de una labor investigativa que arrancó en los tribunales de Concordia allá por el año 2010, el comunicado las interpreta como una maniobra política contra el diario. "Llama la atención -dice- que esta investigación se abra luego de un amplio despliegue informativo que tuvo este medio durante los polémicos manejos del titular de la CTM (funcionario nacional de Cambiemos) en la última inundación de los meses mayo-junio del corriente año". Aquí, el comunicado completo del Diario El Sol
Hay un macrocontexto de creciente gravedad institucional que hace uso indebido de instancias judiciales como represalia contra líderes sociales, dirigentes gremiales, cooperativistas, periodistas y demás personas, cuyas actuaciones incomodan a individuos y grupos con poder económico o político.
La represalia judicial se ha convertido en los últimos años en un potente espacio de operación política, que combinada con una amplia cobertura mediática, "aparentemente independiente", generan las condiciones desestabilizantes para manipular la opinión pública y legitimar así un proceso judicial.
La reciente imputación del director del diario El Sol, Luis Mazurier, por su desempeño al frente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), responde a este nuevo "modus operandi" de judicialización de la política que tratamos de alertar en estas líneas. La gravedad institucional de este caso de persecución no recae en la destrucción de imagen pública e inhabilitación de un reconocido periodista y cooperativista, sino que atenta contra la libertad de expresión del principal medio de comunicación de la región de Salto Grande.
Llama la atención que esta investigación se abra luego de un amplio despliegue informativo que tuvo este medio durante los polémicos manejos del titular de la CTM (funcionario nacional de Cambiemos) en la última inundación de los meses mayo-junio del corriente año, que significó -sólo para la ciudad de Concordia- más de 2.000 personas damnificadas y un balance con pérdida millonaria para el Estado, en un hecho sin precedentes para la región; más aún, si se basa en una causa cuyo armado se valió de la "colaboración" de periodistas malintencionados que con información falsa tergiversaron los hechos que se imputan, y que posteriormente fueron desmentidos por los registros correspondientes.
No caben dudas que los motivos de esta maniobra política-judicial-mediática tienen sus raíces en desviar el foco de atención, frente al costo político que tendrá el plebiscito de las elecciones legislativas ante la desaprobación de la sociedad sobre la realidad económica y las políticas de ajustes de la actual gestión del Gobierno Nacional.
Llamamos a la comunidad entera a alertarse, y a todos los sectores democráticos a pronunciarse contra estos atropellos, que no son sobre una persona, sino que recaen sobre uno de los principios republicanos de no acallar voces opositoras.
Es por eso, que en este espacio editorial, los socios-trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Obrera Prensa Escrita y Televisiva LTDA., exigimos el cese de la persecución y represalias judiciales contra el compañero cooperativista y director del diario El Sol, Luis Mazurier; como así también, agradecemos desde ya, al universo de lectores que día a día apoyan el resultado de esta gran labor periodística -que no es ni más ni menos- que una fuente de trabajo genuina de un colectivo de trabajadores de nuestra querida ciudad.
