La Mesa Permanente de Salud, que integran las carteras sanitarias de las provincias de la Región Centro, se hizo eco del anuncio del gobierno de restringir los servicios de guardia e internación del hospital nacional de salud mental.
A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, las provincias expresaron que esta decisión “no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y los trabajadores”.
“Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante. Esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria”, dice la declaración emitida en forma conjunta por los ministros Guillermo Grieve, Silvia Ciancio y Ricardo Pieckenstainer.
Además, plantearon que el cierre pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento: “La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud”.
“Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental”, instaron.
Asimismo, exhortaron al gobierno central a que “aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados”. “La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”, concluyeron.
