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Ante la decisión de cerrar servicios esenciales del hospital Bonaparte de Capital Federal, los ministerios de Salud de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba manifestaron su preocupación por los derechos de pacientes y la situación del equipo de salud.

La Mesa Permanente de Salud, que integran las carteras sanitarias de las provincias de la Región Centro, se hizo eco del anuncio del gobierno de restringir los servicios de guardia e internación del hospital nacional de salud mental.

A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, las provincias expresaron que esta decisión “no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y los trabajadores”.

“Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante. Esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria”, dice la declaración emitida en forma conjunta por los ministros Guillermo Grieve, Silvia Ciancio y Ricardo Pieckenstainer.

Además, plantearon que el cierre pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento: “La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud”.

“Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental”, instaron.

Asimismo, exhortaron al gobierno central a que “aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados”. “La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”, concluyeron.
Fuente: El Entre Ríos / Ministerio de Salud de Entre Ríos

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