Pero la denuncia no prosperó. La presentación la efectuó el 26 de marzo de 2024 el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Pablo José Testa. La pesquisa buscó determinar si en julio y agosto de 2022, en la Administración Fiscal de la Municipalidad de Paraná, el agente municipal Guillermo Ramón Benitez omitió deliberadamente asistir a su lugar de trabajo y por tanto prestar su servicio, no obstante percibir sus haberes. Y que se habría acreditado falsamente su asistencia por medio de planillas de asistencia suscripta por los agentes Daniel Alberto Diaz y Raimundo Rubén Shaab, en la que estaba estampada la firma de Benitez, y fechas y horarios de asistencia falsos».
El fiscal Gonzalo Badano entrevistó empleados de la Municipalidad de Paraná, produjo evidencias y al final entendió que «no se cuenta con elementos suficientes como para poder avanzar a la etapa del plenario, debido a que no existe evidencia que permita acreditar que el hecho sucedió en el modo en que fue denunciado, y por el cual se dispuso la apertura de causa».
«Si bien del sumario administrativo y de algunas entrevistas surgió que existirían irregularidades acerca del lugar en el que debería prestar servicios Benitez, el modo en que se controlaba su asistencia, la forma en que fue asignado a prestar funciones en AFIM, el tipo de tareas que realizaba diariamente, quien controlaba las mismas, etc., ello no forma parte del ámbito del derecho penal, debiendo ser abordado en todo caso por el derecho administrativo con sus herramientas y procedimientos específicos», plasmó en el expediente judicial.
Así, dispuso el sobreseimiento.
“Este humilde trabajador cumplió con su trabajo, y después, sorprendentemente, le inician sumario. Fue trasladado en forma verbal, como muchas veces pasa en la Administración, y cumplió con su tareas en la Afim. Entonces, en vez de arreglar la desprolijidad de trasladar a un trabajador en forma verbal, se decide iniciarle un sumario, acusándolo de no prestar tareas, y después denunciarlo penalmente. Hacía 20 años que trabajaba en ese lugar”, analizó el abogado Federico Fenés, que representó legalmente al empleado.
El letrado reprochó el accionar del Municipio. “Se supone que hay un secretario Legal y Técnico y que hay profesionales que tienen que dictaminar previamente qué es lo que corresponde. Y en este caso puntual, de un trabajador que había sido trasladado en forma verbal, lo primero que se debió hacer esa sanear administrativamente esa situación. Pero las propias autoridades que tomaron conocimiento jamás lo quisieron sanear. Es una irregularidad que administrativamente tiene que regularse y es muy fácil”, aseveró.
“Siempre será más fácil echarle la culpa al trabajador –sumó Fenés-. Esto pasa porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. Es más fácil echarle la culpa al pobre trabajador que muchas veces, y desgraciadamente hay personal municipal que en pleno siglo XXI no sabe leer y escribir, y que trabaja por sueldos miserables”.
En el caso del trabajador de Afim “lo que ocurrió es que la denuncia llegó y es el fiscal el que decide archivarla, porque no encontró figura penal”.
