La norma, fechada el 4 de mayo pasado y que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, no sólo aludió a las desestimadas pretensiones económicas de la firmas aéreas. También autorizó el llamado a una nueva licitación pública, que comenzó a promocionarse esta semana y cuya apertura de ofertas se prevé para el próximo 6 de junio. En los Considerando del decreto se indicó que “reunida la Comisión de Compras se elabora el Acta Nº 28/18, aconsejando aprobar todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 02/18 y rechazar las ofertas presentadas por las firmas oferentes, por considerar en esta instancia no conveniente resolver la adjudicación sin haber contemplado adecuadamente en los requisitos exigidos la incidencia del aeropuerto que será utilizado como base de operaciones para las empresas cotizantes”.
De haberse evaluado ese aspecto de la oferta Baires Fly SA hubiera tenido las de ganar. Es que la última prestadora del Poder Ejecutivo entrerriano se desplaza desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, mientras que Pacific Ocean SA lo hace desde el aeropuerto de San Fernando, lo que encarece la tarifa final.
Sin embargo ese detalle y su incidencia en el cálculo final no estaban previstos en el pliego ni en el anexo con las especificaciones técnicas. Por eso, ante la dificultad para sortear ese escollo sin inclinar la balanza a favor de algunos de los oferentes, dando lugar a eventuales reclamos administrativos o judiciales, el gobierno provincial prefirió declarar fracasada la Licitación Pública 02/18.
Pacific Ocean SA había cotizado un precio menor por la hora de vuelo, mientras que Baires Fly SA fijó valores más bajos para otros ítems de la oferta como la hora de espera y el pernocte. Pero dada la paridad de las ofertas el modo de resolver la disputa hubiera sido con el ítem sobre la base de operaciones. Según se indicó en los Considerando del decreto 1.119/18 GOB, “resulta procedente declarar fracasado el llamado a licitación pública y, habiéndose adecuado previamente el Anexo de Especificaciones y consecuentemente el Pliego de Condiciones Particulares, realizar un nuevo llamado a fin de contemplar adecuada y detalladamente las vicisitudes del servicio que conforma la demanda estatal y posibilitar la competencia entre los participantes, como así también la mayor concurrencia, incluyendo a quienes presten el servicio con aeronaves contratadas por leasing (alquiler) y la posterior comparación de las ofertas que se presenten”.
La decisión se adoptó luego de que tomaran intervención la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y la Contaduría General de la provincia. Recién entonces se emitió el decreto, que Bordet firmó junto al ministro de Economía, Hugo Ballay.
De esa forma se autorizó a la Unidad Central de Contrataciones a llamar a una nueva licitación pública, la Nº 10/18, cuyo objeto es “la contratación de un servicio de traslados aéreos para el titular de este Poder Ejecutivo y/o funcionarios que se designen, por un total de 30.000 kilómetros, por un plazo de doce (12) meses, prorrogable hasta doce (12) meses más, con opción del Estado de incrementar o disminuir hasta un 30 % las cantidades de kilómetros a recorrer”.
