En el marco de la causa (en la que se investigan negociaciones incompatibles con la función pública, presuntamente efectuadas durante el 2007), las defensas del exgobernador Sergio Daniel Urribarri y de los exfuncionarios Miguel Ángel Ulrich y Carlos Haidar, demandaron el sobreseimiento de sus asistidos por haberse cumplido el plazo ordenado por el Código de Procedimientos de la provincia para finalizar la etapa de instrucción.
Se investigan contrataciones realizadas por la administración de Urribarri con su empresario amigo y testaferro Diego Armando Cardona Herreros.
El juez de primera instancia hizo lugar al planteo y sobreseyó a los imputados. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y el sobreseimiento se revocó.
La defensa de los funcionarios planteó un recurso de casación, declarado inadmisible por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Frente a la desestimación de la vía extraordinaria local y de la respectiva queja, los defensores plantearon un recurso extraordinario federal.
La Corte entrerriana declaró improcedente la instancia federal, ante lo cual la defensa planteó un recurso de queja.
El caso llegó al Máximo Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo.
