Según la investigación de Fiscalía, Zapata captaba a sus víctimas, de 15 y 17 años, en boliches de la ciudad de Rosario del Tala y los llevaba a su casa. Allí, les ofrecía bebidas alcohólicas que, ahora se sabe, mezclaba con medicación -es enfermero en el Hospital San Roque de esa ciudad-, se presume psicotrópicos, y luego mantenía con ellos relaciones sexuales. En la causa, los menores refieren que despertaban en la casa del edil, desnudos, y en un estado de confusión.
Al inicio de la pesquisa, la vivienda del concejal fue allanada por decisión judicial, y en ese procedimiento se secuestró gran cantidad de medicamentos. La imputación fiscal dio cuenta que el concejal Zapata lograba que sus víctimas accedieran a mantener relaciones con él en base al suministro de alcohol y dinero.
Luego, se agregó otro dato escabroso: el suministro medicación mezclada con alcohol. Entre los medicamentos secuestrados en la casa del concejal -alquila un departamento en calle 25 de Mayo, antes de boulevard Belgrano- se hallaron dosis de Valium. El informe forense señaló que la mezcla de ese psicotrópico con alcohol produce somnolencia.
A pesar de que la defensa de Zapata alegó cierto perfil homofóbico en la imputación del Ministerio Público Fiscal, y que en las relaciones sexuales que mantuvo con los menores hubo consentimiento, tres tribunales distintos confirmaron la prisión preventiva en una unidad penal para evitar que, en libertad, pueda entorpecer la investigación penal en marcha. Luego, se le concedió domiciliaria.
Zapata fue denunciado por el papá de uno de los menores -uno tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio de 2022 la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos. José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto del año último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores. En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró, «ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentes desaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aun investigadas».
El voto de Giorgio fue acompañado por los vocales María Evangelia Bruzzo y Darío Gustavo Perroud.
Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos «lo amenazaba que, si no estaba con él, lo iba a delatar por la red social Instagram». Y contó también que «todos los damnificados recibieron el hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales».
Hasta el viernes, Diego Iván Zapata es juzgado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay bajo el cargo de corrupción de menores.
Zapata es enfermero en el Hospital San Roque, de Rosario del Tala, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Secundaria y Superior Julio Ossola. Asumió la banca de edil en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala por renuncia de Agustina Rossi, que dio un paso al costado para sumarse a la carrera judicial: hoy es empleada en el Ministerio Público Fiscal.
La banca la dejó de modo inmediato cuando fue detenido, en medio de la feria judicial de julio de 2022 cuando estalló el escándalo. El Concejo Deliberante le otorgó licencia sin goce de haberes; en Salud y en Educación perdió los cargos que ostentaba, pero tuvo mejor suerte en el ámbito gremial.
Zapata es también secretario de organización de la seccional Tala de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cargo que no perdió de momento. “Esta comisión define que es la Justicia quien debe juzgar y que en función de las determinaciones a las que arribe este poder del Estado por el cual tenemos un profundo respeto, se realizarán las acciones que correspondan en el marco del estatuto gremial en vigencia”, dijo ATE. “Apelamos a la cautela de la sociedad para no seguir lastimando a las familias afectadas, preservando a los menores implicados”, indicó el sindicato.
Ahora, Zapata está sentado en el banquillo de los acusados, a la espera que concluyan las audiencias y se conozca el fallo del tribunal.
Fiscalía ya adelantó el pedido de condena: 20 años de cárcel.
