El magistrado admitió como una prioridad “la ley de cargos, porque es lo que nos va a permitir cumplir con algunas mandas legales que tenemos en cuestiones de violencia de género y de violencia doméstica”. Y ahondó su preocupación porque se vive un momento gravísimo “de violencia en general, violencia no solamente doméstica, también de género, institucional, laboral. Se ha visto un crecimiento exponencial de toda clase de violencia y necesitamos que salga la ley de cargos que planteamos hace unos seis meses aproximadamente para encarar el seguimiento de los casos de violencia”, reiteró.
También se refirió a la situación del nepotismo en la Justicia, y aseveró que en los tres Poderes del Estado “hay cosas buenas y cosas malas” y diferenció: “Me animaría a decir que como el Poder Judicial es el único Poder del Estado al que se ingresa por concurso, es el que menos casos de nepotismo tiene”.
En otro tramo de la entrevista, se refirió al conflicto por la construcción del barrio fluvial Amarras que impulsa la empresa Altos de Unzué sobre el humedal del río Gualeguaychú y que lleva ya nueve años sin que se apliquen las condenas emitidas por la propia Justicia. Al respecto, recordó con énfasis que “lo que la Corte dijo fue recompongan el daño ambiental; rompan todo lo que hicieron y vuelvan a dejar como estaba, que era un humedal de 100 hectáreas. Nos sorprendimos todos cuando vimos que habían hecho un acuerdo entre el Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y los dueños del lugar de cómo iban a más o menos cumplir la sentencia, cuando la Corte había sido clara, había que recomponer el daño ambiental. Hasta el día de hoy no lo han hecho”.
También reprochó la actuación de la jueza María Romilda Servini de pedir las causas vinculadas al ex gobernador Sergio Urribarri. Al respecto, subrayó: “No me parece bien que una jueza federal de primera instancia le pida a un Superior Tribunal de provincia un expediente penal primero en trámite; segundo, para tomar una decisión respecto de una denuncia. Me parece, por lo menos, llamativo. No se ajusta a ningún tipo de práctica judicial”.
-¿Qué es lo que más necesita hoy el Poder Judicial? ¿Cargos, edificios, qué es lo más urgente?
-A raíz de una serie de objetivos que nos hemos propuesto, obviamente, nunca hay una sola cuestión que sea prioritaria en una lista. Son varias las que tenemos como prioridades y como urgencias a satisfacer. Una de ellas es la ley de cargos, porque es lo que nos va a permitir cumplir con algunas mandas legales que tenemos en cuestiones de violencia de género y de violencia doméstica. Estamos en un momento gravísimo en ese aspecto, en ese fuero de Familia. Y también con la violencia en general, violencia no solamente doméstica, también de género, institucional, laboral. Se ha visto un crecimiento exponencial de toda clase de violencia y necesitamos que salga la ley de cargos que planteamos hace unos seis meses aproximadamente para encarar el seguimiento de los casos de violencia. Después, por supuesto, todo lo que es la parte presupuestaria para dejar de pagar alquileres.
- ¿Cuántos alquileres tienen?
-En este momento en toda la provincia, 46. En Paraná, 7. El Poder Judicial de Entre Ríos se caracteriza porque tiene una dispersión geográfica única en el país. Hay un Juzgado, por lo menos hay un Juzgado de Paz, aunque sea de tercera categoría, cada 40 kilómetros. Eso es único en el país. No hay ninguna provincia del país que tenga esa dispersión geográfica. No hay ninguna provincia del país que tenga un Juzgado cada 40 kilómetros. Si ustedes van a las provincias más grandes, más ricas, tampoco lo tiene. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, son provincias enormes, pero a su vez son provincias ricas, pero no lo tienen. Para llegar al servicio de justicia tienen que movilizarse mucho. Acá cada 40 kilómetros hay un Juzgado. Por lo menos hay un juez que le atiende el planteo al vecino y trata de dar una solución. Eso genera que tengamos 99 inmuebles en la provincia. De esos 99, 46 son alquilados. El hecho de haber parado obras nos generó que sigamos pagando alquileres.
-¿Y entre las urgencias que no sean económicas?
-También tenemos que hacer reformas estructurales, por ejemplo, en lo que es procedimiento, en lo que es protocolo, en lo que es reglamento, en un montón de aspectos, en lo que es administración.
Transparencia y acceso a la información
-Respecto de la transparencia, que es lo que está exigiendo el gobernador Rogelio Frigerio, quien viene insistiendo mucho desde su discurso inicial, lo mismo el Gobierno Nacional, nos preguntamos por qué no se publican los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, porque no son secretos, aunque nadie puede asistir y ni siquiera saber su temario. Pero, ni siquiera se publica lo resuelto.-Me quedé pensando cuando ustedes me dicen la exigencia de transparencia de Frigerio, la exigencia de transparencia es una de las reglas de la democracia. Festejo que el gobernador Frigerio la haga propia. Pero, todos deberíamos transitar los pasillos institucionales bajo el marco de transparencia. Y respecto de los Acuerdos, se publicaron hasta el 2022, los temarios no son secretos. Los temarios, de hecho, cada vez que se decide algo se notifica. Es decir, cuando hay algún planteo, algún expediente, algún trámite, ya sea de algún ciudadano, alguna cuestión interna, alguna cuestión de personal, alguna cuestión presupuestaria, eso se notifica. No puede ser nunca secreto porque eso se notifica, lo que se resuelve se notifica. Lo que sí tuvimos un problema, que lo asumo como un error, es que dejamos de publicar los Acuerdos.
-Lo mismo pasa con las resoluciones: la última publicada es de 2023.
-Sí, no fue una decisión deliberada. La verdad que lo dejamos de publicar. Y la semana pasada justamente me percaté de eso y pedí que se vuelvan a publicar. Lo ordené en realidad, que se vuelvan a publicar. Pero, por qué lo dejamos de publicar no fue por ninguna cuestión.
-Hay otras cuestiones, por ejemplo, no está la nómina de personal como tienen otros organismos en sus respectivas páginas Web. No están los sueldos como sí lo publica el Poder Ejecutivo, al menos. La Justicia ni siquiera las escalas salariales. Sí están las compras y las licitaciones, pero las carátulas nada más. No hay detalles. Un ejemplo: hay una planilla donde se puede ver que se destinan 58 millones de pesos para refuncionalización de baños en los Tribunales de Concepción de Uruguay. Pero no se sabe cuántos baños son, ni de qué equipamiento se está hablando. Porque, obviamente, no es lo mismo gastar 60 millones de pesos en dos baños que en 15.
- Lo que pasa es que, primero, lo que es información personal es información sensible. Todos los funcionarios tienen la obligación de hacer la declaración jurada. Y eso se presenta. Cada vez que uno asume el cargo, hace la declaración jurada; lo presenta, eso se reserva.
-Pero, nos referimos al personal. ¿No se puede saber quiénes son?
-Lo que pasa es que no entiendo cuál puede ser la utilidad de saber quién es el Ordenanza en tal tribunal.
-Saber cuánta gente, o por lo menos saber qué escalas salariales tienen.
-Pero, las escalas salariales son públicas. Eso lo maneja la Contaduría del Poder Ejecutivo.
-Pero no se publica. Se podría publicar cuánto gana un empleado de acuerdo a su categoría.
-No, problema ninguno. Lo que pasa es que por ahí es información sensible que no tiene mayor relevancia a los efectos prácticos. Es decir, es nada más para satisfacer, en ocasiones, no digo que lo sea para el periodismo; pero en ocasiones hay gente que pide información nada más que por curiosidad y sin tener ninguna finalidad específica.
- Nosotros en los últimos años hemos presentado pedidos de acceso a la información pública cuando queríamos saber algo. Hasta hubo amparos. Pero, no pudimos acceder a la información que les pedíamos concretamente. Era como que retaceaban la información. Pedíamos tal información y daban el 20 por ciento de la información.
-Hicieron dos pedidos de información y se le contestaron los dos. El primero se le contestó en septiembre de 2022. Se preguntó cuántos choferes tenían asignados los miembros del Superior Tribunal, cuánta plata se había gastado en distintos viajes. Les explicamos que en realidad no hay choferes para los vocales del Superior Tribunal. Simplemente hay 15 chóferes que atienden a todo el Poder Judicial, que hacen viajes para toda la provincia, para todos los sectores del Poder Judicial. Y que en esos viajes que se habían hecho al resto de la provincia para hacer Acuerdos -en el marco de la obligación que tiene el Superior Tribunal de juntarse en distintas localidades de la provincia- se habían movilizado X cantidad de personas en tales autos, con tales chóferes, y se les indicó la página del Poder Judicial dónde estaba el Reglamento del Viático, y cuánto era el viático que cobraba cada uno por día. Es decir, la información se brindó: lo único que tenían que hacer era ver quién había viajado y qué cargo tenía, y con eso era uno más uno. Si no le gustó la respuesta, puede ser.
-Además, se preguntó de otros viajes de vocales.
-Preguntó de un viaje al exterior. Y se le contestó que el único viaje al exterior que se hizo fue en el 2019, cuando el doctor (Emilio) Castrillon fue invitado por el Superior Tribunal o la Corte Suprema de Uruguay viajó a Montevideo y se le pagaron los viáticos. Y ese fue el único viaje que hubo al exterior.
-Se hace casi imposible saber el detalle y que la ciudadanía tenga cierto control en qué se gasta el dinero público presupuestado.
-El día a día tenemos ejecutado el presupuesto y eso es público. El Tribunal de Cuentas lo está monitoreando permanentemente. No es algo secreto.
-Pero no están. Es decir, un ciudadano ingresa a la página Web y no puede saber o acceder a la información sobre lo que se va gastando del presupuesto. Está claro que no se piden detalles “finitos”.
-Entiendo. Quizás nos esté faltando la página una ejecución presupuestaria que sea en tiempo real. Sí, probablemente sea una falencia que tengamos y no es mala idea implementarlo.
-Lo mismo que debería difundirse o permitir que se sepa a quiénes reciben en audiencia los vocales del Superior Tribunal de Justicia, porque sólo se conocen los encuentros formales y selectivos.
-Creo que la opinión pública ya tiene bastante información como para que le informemos por ahí cosas que no vienen o que no hacen al interés de la comunidad. Si yo me junto -por ejemplo- con alguien que me viene a traer un currículum porque le interesa ingresar al Poder Judicial.
-Cada vez son más públicas las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a nivel nacional. ¿No debería suceder lo mismo con los jueces?
-Sí. Las declaraciones juradas nuestras están en el Tribunal de Cuentas. El tema es -le repito- nosotros trabajamos en un área muy sensible sobre la libertad y el patrimonio de la gente. Muchas veces que se conozcan cuestiones íntimas de los jueces puede llegar a ser un problema de seguridad personal de un juez. La información está en una declaración jurada, guardadas; y cuando el funcionario se va de la función y si hay una discordancia entre el nivel de vida que tiene y los bienes que declaró; entonces sí, que haya toda una persecución como tiene que ser en cualquiera de los casos.
El nepotismo en la Justicia
-¿Tiene opinión sobre los cientos de casos de familiares de jueces en la estructura del Poder Judicial entrerriano? Creemos que es la situación de nepotismo más saliente en la estructura del Estado. Hay familias completas que están en la justicia. Incluso hay quienes toman esos casos para cuestionar a la Justicia. ¿Hablan de este tema?-Sí, todo el tiempo se habla del tema. Pero, quiero que tengan en claro que el Poder Judicial es el único Poder del Estado al que se ingresa por concurso. Entonces, cuando muchas veces dicen Fulano es hijo de tal o yerno de tal, nuera de tal; se están pasando por alto que esa persona que está ocupando ese lugar concursó y ganó ese cargo. Y muchas veces viene por una afinidad familiar de que les gusta lo que hace el padre, la madre, el tío. Pero, ellos, van y rinden y aprueban. No voy a negar que haya casos que no. Pero, me parece que no es como para hacer una caza de brujas con el Poder Judicial. Es decir, hay cosas buenas y cosas malas como en todos los Poderes del Estado; como en los tres Poderes del Estado y me animaría a decir que como es el único Poder del Estado al que se ingresa por concurso, es el que menos casos de nepotismo tiene. En el fuero Federal hay un impedimento para concursar directamente cuando una persona ocupa determinado puesto, el familiar de esa persona no puede concursar para un cargo que tenga relación con ese puesto. En la provincia no existe ese impedimento. Y también es la libertad personal de esa persona que quiere concursar en Paraná y vivir en Paraná, o en Gualeguaychú. ¿En base a qué le vamos a prohibir si no hay ninguna reglamentación que lo impida?
Los jueces y el uso del lenguaje
-Hace unos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sanción de multa a dos jueces por lo que decían en un fallo cuestionando un aborto y a las víctimas de una violación. Estamos hablando de los magistrados Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. ¿Hay alguna forma de controlar la actividad y a los propios integrantes del Superior Tribunal de Justicia? Porque uno tiene la sensación de que a los jueces de instancias inferiores se los controla a través de los Recursos y a través de procesos disciplinarios. Pero, los jueces del Superior Tribunal de Justicia por ahí no tienen esas instancias de control. Entonces parece que pueden decir cosas que a veces molestan. Por ejemplo, el vocal Daniel Carubia en un fallo sobre el caso del cura Justo José Ilarraz, condenado a perpetua por abusos, dijo que las víctimas tenían “el síndrome de Peter Pan” y también fue muy ofensivo con las víctimas del cura Marcelino Moya, entre otros tantos casos.-Justamente uno, como ocupa el lugar del vocal del Superior Tribunal, es muy cuidadoso en lo que dice. Quizás no es tan fácil, si bien uno por ahí puede hacerlo… Ha pasado que la Corte no solamente... Hubo otros casos que no han tenido tanta repercusión mediática como estos dos, pero la Corte no escatima en reproches, sanciones, multas, llamadas de atención, apercibimiento a miembros de Superiores Tribunales de todo el país. No tengo conocimiento de que lo haya hecho alguna vez con alguien de la provincia. Pero, está, por supuesto, después el mecanismo institucional, que es el juicio político, después para el resto de los jueces está el Jurado de Enjuiciamiento. Puntualmente, lo que señalan respecto del síndrome de Peter Pan es algo que existe a nivel clínico, no es algo que uno toma de la calle y lo inventa. Es algo que existe a nivel clínico. No me meto en ese caso concreto. A veces se saca del contexto y se malinterpreta, o a veces uno da por sentado que se va a interpretar de una manera y no se interpreta como se pensó que se iba a interpretar. Yo le aseguro que hablamos con los colegas bastante seguido y permanentemente nos estamos controlando con el tema del lenguaje.
Preocupación por el intento de desacreditar al Poder Judicial
-El Poder Judicial entrerriano está siendo bombardeado, quizás como nunca antes. No recordamos una situación igual desde 1983 hasta la fecha. En gran medida por las acciones de la defensa de Sergio Urribarri, pero también se sumaron otras maniobras como los Jury, las recusaciones se desvirtuaron, en medios nacionales un abogado como Fernando Burlando habla peste de la justicia entrerriana. ¿Hablan de esto también en el Superior Tribunal de Justicia?-Sí, por supuesto. No voy a negar que nos preocupa. Nos preocupa que nos desacredite alguien que no conoce el funcionamiento del Poder Judicial entrerriano, o que intente desacreditarnos. Hay mecanismos institucionales que bien usados son muy sanos, como el Jury, como el juicio político. Quiero ser claro en esto: integro el Jurado de Enjuiciamiento, entonces no voy a expedirme respecto de ninguna causa concreta. Todo lo que yo diga va a ser genérico. El Jury es una herramienta válida dentro del sistema democrático para remover a un funcionario que perdió las condiciones para ser juez. El juicio político, lo mismo. No es un juicio jurisdiccional, de la faceta jurisdiccional. Es una de las herramientas del sistema democrático y está bien que se ejercite el derecho de denunciar a alguien. No me parece mal. Quizás sí, últimamente, se nota más porque hay una encendida defensa en el caso de Urribarri del doctor Burlando, pero no es algo que nos preocupa. Por supuesto, a nadie le gusta que un colega esté sometido a juicio, pero bueno, lo tomamos como parte de la regla del juego.
-¿Está bien que un vocal del Superior Tribunal haya hecho lugar al planteo de la jueza María Romilda Servini de Capital Federal de enviarle varias de las causas contra el ex gobernador Sergio Urribarri, como había exigido el abogado Burlando? ¿No interpreta que hubo una intromisión de un fuero federal en la provincia?
-Hasta donde yo sé, no se le mandó a la doctora Servini... Puedo estar equivocado. Pero, hasta donde yo sé, lo que se le contestó a la doctora Servini de Cubría era que no se le podía enviar el expediente porque estaba en trámite y que, eventualmente, si quería acceder a las sentencias que se habían dictado, son públicas, y debía ingresar a la página del Poder Judicial y verlas. Eso es lo que entiendo que se le iba a mandar… si se le mandaba algo. Eso es lo que habíamos hablado con los colegas. Y, por otro lado, no me parece bien que una jueza federal de primera instancia le pida a un Superior Tribunal de provincia un expediente penal primero en trámite; segundo, para tomar una decisión respecto de una denuncia. Me parece, por lo menos, llamativo. No se ajusta a ningún tipo de práctica judicial.
-No sabemos en cuántas provincias habrá sucedido una situación parecidas.
-Nunca. Nunca sucedió.
Obras de infraestructura en el Poder Judicial
- ¿Qué obras públicas tienen en marcha en el Poder Judicial y cuáles se paralizaron? El Anexo del Tribunal sobre de Santa Fe de Paraná tuvo continuidad.-Esa se no se paró. De las 40 y pico que teníamos en marcha, nos quedamos con 16, que eran las que ya estaban por terminar. Estaban en un avance de obra del 90 y pico por ciento. Entonces, decidimos terminarla con fondos propios. En abril de este año, el Poder Ejecutivo nos habilitó una parte del presupuesto para obra pública. Pero, con eso que estamos recibiendo estamos haciendo prácticamente obras de mantenimiento. No estamos pudiendo hacer obras nuevas. Y obra nueva están el edificio de Feliciano, de Federación, de Gualeguaychú con 14.000 metros cuadrados.
-A la obra del Anexo de calle Santa Fe la lleva adelante la empresa OIC Sociedad Anónima, propiedad de la familia Hereñú. Esta empresa tiene cuatro Probation por la Cumbre del Mercosur y por sobreprecios en obras en Seguí y Larroque. ¿No les hace ruido esta situación?
-Lo que pasa es que hay que distinguir a los empresarios de la empresa. Si bien, seguramente, el directorio está integrado por alguna de estas personas que están procesadas, si la empresa no tiene ningún tipo de problema como proveedora del Estado, que estoy seguro, convencido, que no lo tiene, porque caso contrario no estaría llevando adelante la obra. Nosotros no podemos perjudicar el patrimonio del Estado porque no nos gusta que determinada persona forme parte del directorio de una empresa.
- ¿Pero, hablan de esto en algún momento?
-Todo el tiempo hablamos de todo. Revisamos permanentemente, no solamente al inicio, a la licitación, durante y antes de finalizar. Todo eso se controla permanentemente. La empresa concursó y ganó la licitación. No hubo ningún secreto. Y de hecho está cumpliendo bien con la obra, en tiempo y forma.
La condena al barrio Amarras que nadie ejecuta
-El 23 de diciembre de 2015, usted sentenció de manera condenatoria contra el barrio Amarras, sobre el río Gualeguaychú, y ordenó el cese de las obras. Pasaron nueve años. Corte Suprema de Justicia mediante... Pero nadie termina de aplicar la sentencia de la propia justicia. Se murió incluso Julio Majul, quien promovió este amparo y lamentablemente no pudo ver justicia.-Sí. Yo lamento igual que ustedes esto que pasó. Al tema lo vengo siguiendo por los medios, porque ya no lo puedo ver ni siquiera en los expedientes y me tengo que excusar cada vez que viene al Superior Tribunal por alguna discusión. Creo que fue el año pasado que habían llegado a un acuerdo entre el fiscal de Estado y los dueños del terreno para hacer un cumplimiento de sentencia; lo que fue rechazado por el juez de primera instancia, porque la orden de la Corte Suprema era que se recomponga el daño ambiental. No había forma de arreglar eso, de pactarlo, de arreglarlo de manera pactada, consensuada. No, lo que la Corte dijo fue recompongan el daño ambiental; rompan todo lo que hicieron y vuelvan a dejar como estaba, que era un humedal de 100 hectáreas. Nos sorprendimos todos cuando vimos que habían hecho un acuerdo entre el Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y los dueños del lugar de cómo iban a más o menos cumplir la sentencia, cuando la Corte había sido clara, había que recomponer el daño ambiental. Hasta el día de hoy no lo han hecho.
ódigo de Ética para la Justicia
-Al inaugurar el año judicial, el 7 de marzo pasado, usted propuso establecer un Código de Ética Judicial. ¿Por qué sintió esa necesidad? Y con la ayuda de quiénes va a redactar ese Código. Además, quisiera saber si ese Código de Ética, ¿será obligatorio o meramente declarativo o formal?-La necesidad surgió a partir de charlas que tuve con muchos colegas. No es una idea mía, ni mucho menos. Pero, ahora que tengo la posibilidad de llevarlo adelante, lo estoy impulsando. Lo hablé con los colegas del Tribunal y estuvieron de acuerdo. En eso tengo que ser muy agradecido, porque todos estuvieron de acuerdo y facilitaron para que este proyecto se lleve adelante. Este proyecto lleva plata. Hay dos personas que son las que están encargadas de hacer el proyecto, que es el doctor (Hugo) González Elías y la doctora (María Elena) Zamboni. Ellos están viajando por toda la provincia, recabando información del Colegio de la Abogacía, de distintos jueces, de distintos estamentos, de distintas organizaciones. Y la necesidad surgió a partir de cuestiones que generan ruido y que son fácilmente evitables si uno tiene una referencia. Por ejemplo, si yo tengo un Código de Ética que dice que está mal recibir regalos, por ejemplo, no tengo excusa después. Si me hacen un regalo, lo recibo y lo uso o no lo uso. Si lo recibo, está mal. Hay un montón de actitudes, también a partir de la aparición de las redes sociales. Se confunde la vida privada con la vida pública. Entonces, se advierte la necesidad de generar una suerte de andarivel como para que uno esté más tranquilo también en qué tipo de situaciones puede o no intervenir, hasta dónde. La familia también hasta dónde puede intervenir. Yo veía, por ejemplo, la doctora (Rosario) Romero. La hija de ella trabaja en el Poder Judicial. Por supuesto, la hija la acompañaba a todos los actos políticos y los empleados del Poder Judicial tienen prohibido participar en política. Pero es la hija de la (entonces) candidata intendente. ¿Cómo no va a ir? ¿Quién le puede reprochar algo? Bueno, todo ese tipo de cuestiones podrían quedar aclaradas con un Código. Y la idea de la finalidad, no es sancionatoria. Es simplemente sumar una herramienta para que todos los jueces y todos los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los empleados, tengan una guía cuando les surja alguna duda de qué conducta llevar adelante en determinadas situaciones. No es sancionatorio. El poder sancionatorio lo tiene el Superior Tribunal en cuestiones de empleados, el Jurado de Enjuiciamiento y la Legislatura en caso de un juicio político.
