Los procedimientos se concretaron a raíz de una investigación llevada adelante por la División Criminalística, a cargo del comisario inspector José María Rosatelli, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie.
La pesquisa –reveló el sitio Concordia Policiales- se originó luego de que dos sujetos de apellido Ayala balearan a una persona a comienzos del 2024. Las pruebas y datos recabados en la investigación permitieron llegar a la raíz del conflicto: el cobro de créditos otorgados a familias vulnerables de la zona oeste por parte de la familia Ayala, actuando como secuaces de ciudadanos de nacionalidad colombiana radicados en Concordia.
“Lo primero que se puede establecer es que algunas personas de comunidad colombiana radicados en Concordia se dedican al préstamo de divisas a personas de la ciudad. Otorgan pequeños créditos a elevados intereses a otros vecinos vulnerables de los barrios, incrementando rápidamente esta actividad ilegal”, comentó el comisario José María Rosatelli.
Pero, de un tiempo a esta parte, los colombianos comenzaron a interactuar con referentes del narcomenudeo, canalizando a través de ellos el otorgamiento de los créditos. “Antes, los colombianos hacían el puerta a puerta. Ahora, según surge de esta causa, le están dando el dinero a los narcos, para que hagan el trabajo sucio. Es la primera vez que detectamos algo así en la provincia”, precisó Rosatelli a El Entre Ríos.
“Buscan personas como los allanados de apellido Ayala, que tienen un poder de acción mediante las amenazas, amedrentamientos o el uso de armas fuego, quienes son los encargados de dar los pequeños créditos”, es decir “montos de 2000, 3000 o 5000 pesos a personas de bajos recursos económicos, que utilizan el dinero para comprar comida, pagar pasajes de colectivos o en muchos casos comprar dosis de estupefacientes, las cuales las venden ellos mismos, siendo muchos de ellos menores de edad”.
Rosatelli remarcó a Concordia Policiales que “las personas que no pagan en tiempo y forma el dinero prestado, sufren además de elevados intereses, diversos ataques y severas consecuencias, sumado a que nadie se anima a denunciarlos ya que les tienen mucho miedo”. Subrayó que “el operativo realizado nos permitió encontrar importantes elementos de pruebas, como armas de fuego, dinero, droga compacta y preparada para la venta”, además de “anotaciones de los montos y titulares de los créditos otorgados”.
Por último, mencionó que “la investigación resulta muy compleja, no solamente por la zona geográfica sino también por el contexto social y el gran control que ejercen en la zona los investigados”, pero a pesar de ello “el gran trabajo que realizó todo el personal policial de diferentes divisiones, se pudo obtener excelentes resultados”.
Los colombianos, al otro lado del río
La irrupción de los prestamistas colombianos no es un fenómeno exclusivo de Entre Ríos. Al otro lado del río, las fuerzas de seguridad y la Justicia uruguayas están en alerta y han logrado desbaratar a algunos grupos.El diario El País de Montevideo hablo con Eduardo, un uruguayo que comenzó a pedir préstamos a “los colombianos” allá por 2021 cuando se le complicó su negocio y no le daban los números. Lo hizo varias veces con diferentes montos, desde 6.000 hasta 100.000 pesos uruguayos. Y, con el mismo método de pagar todos los días, después les compró un lavarropas inteligente. “Es que ellos venden de todo, no solo dan plata”, dice el comerciante de Durazno. “Les mandás mensajes y arreglás: celulares, computadoras o smart tv”. Eduardo dice que él “trabaja” con los colombianos, nunca tuvo problemas y recurrió a ellos porque necesitaba dinero en efectivo.
La facilidad y lo simple, o sea no tener que hacer ningún tipo de trámite en un banco o financiera, es el principal atractivo para los que piden estos préstamos ilegales. Los prestamistas no piden datos, ni siquiera el apellido o el número de cédula, solo el nombre de pila. Y con los billetes frescos en la mano, los que pagan no se fijan tanto en los altos intereses.
“La técnica de ellos (al menos en el Uruguay) es ir comercio por comercio, chico o grande, y dejar una tarjeta”, cuenta Eduardo. En estas tarjetas se leen mensajes como “efectivo en el acto”, “no miramos clearing”, “crédito por día”, “sin moverte de casa tus proyectos tienen crédito”. El número de contacto siempre es un celular. Y si se da vuelta la tarjeta están las opciones de préstamos: por ejemplo, prestan 50.000 pesos y se devuelve en 30 cuotas de 2.000 pesos por día. La persona terminará pagando 60.000 pesos.
Después de varias llamadas a números que aparecen en tarjetas que circulan en Durazno, contesta un hombre con acento que podría ser colombiano. La periodista de El País se hizo pasar por interesada pero del otro lado la persona que atendió -bien entrenada en estos negocios- desconfía y responde: “Vos no querés ningún préstamo”.
El tema está en el tapete en el Uruguay. Hace unos días detuvieron en Artigas a 19 personas que se dedicaban a este tipo de préstamos ilegales “gota a gota”. La Fiscalía de 2° Turno condenó a 15 de los detenidos como autores penalmente responsables de un delito continuado de usura agravada y un delito continuado de usura agravada en reiteración real, con reiterados delitos de amenaza. Las penas van de 6 a 12 meses. Uno de ellos con prisión efectiva, dos en régimen de libertad a prueba y 12 cumplirán la pena en forma mixta.
