En declaraciones al programa “Lo que queda del día” de Oíd Mortales Radio, se refirió a las acreencias que la provincia de Entre Ríos mantiene con el gobierno nacional, en virtud de la propuesta que hizo la semana pasada la administración de Javier Milei de establecer un Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas entre Nación y las provincias, más la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal de Estado valoró en principio positivamente la propuesta: “Yo creo que le sirve a todas las provincias”, pero aclaró enseguida que Entre Ríos no tiene compromisos en mora con Nación y que este Régimen propuesto le podría servir para pagar deudas por adelantado tal vez con el propósito de mejorar el perfil de la deuda provincial, “pero esa es una decisión del Ministerio de Economía de la provincia”, advirtió. Rescató también que el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas le daría a Entre Ríos un camino más expedito para la resolución de los reclamos que están actualmente judicializados porque dejarían la Corte Suprema para volver a la vía administrativa.
Precisó que esas acreencias suman alrededor de 150 mil millones de pesos por conceptos previsionales, “una masa salarial”, comparó y unos 2.500 millones por los intereses devengados por la falta de pago de excedentes de Salto Grande durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.
Estos montos están demandados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es donde se dirimen las diferencias entre distritos, por “cobro de pesos”, especificó Rodríguez Signes, en referencia a que no hay pendiente ninguna diferencia de interpretación ni de cuantificación, sino que se trata solamente de un compromiso incumplido por Nación.
Además de estos conceptos, Entre Ríos reclama los recursos faltantes para atender los contratos firmados por el gobierno nacional para la realización de obras en la provincia, que estimó el Fiscal de Estado en unos 10 mil millones y está en estudio el reclamo por la “detracción de fondos” de la coparticipación para el sostenimiento de la Afip, ahora disuelta.
Diferencias de liquidación de fondos de Salto Grande
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que recibió instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio de “estudiar muy a fondo cuál es el sistema por el cual se fijan los precios” de la energía que genera la represa “porque hay divergencia entre Yacyretá y Salto Grande”, dijo en primer término y porque “hay acuerdos incumplidos desde 1946 en adelante, pasando por el de 1998, en el sentido de que hay obras complementarias que no se han hecho y con este nivel de excedentes no se pueden hacer porque son insuficientes”, expresó y remarcó que “el gobernador ha instruido el análisis de esa problemática con vistas a demandar”. En ese estudio del sistema de fijación de precios intervienen Fiscalía de Estado, la Secretaría de Energía de la provincia y Cafesg, entre otros organismos provinciales.Dijo que el estudio no toma como base la Resolución 406 del 2003 sino “un punto posterior”. Expresó que “el comportamiento de los excedentes de Salto Grande fue en ascenso desde 1999 hasta 2012 y a partir de 2013 cae abruptamente y llega a niveles casi cero en el 2021-22, por lo cual, esa es la curva que estamos examinando”, detalló.
Reseñó que “cada año la Secretaría de Energía va emitiendo resoluciones fijando los precios y tenemos que hacer el examen de cada resolución y porqué se comporta la curva de excedentes de esa manera. Y si es irregular, si tenemos argumentos jurídicos para reclamar la legitimidad de esas resoluciones”, adelantó.
“Le sirve a todas las provincias”
El fiscal de Estado de Entre Ríos hizo una valoración positiva del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas propuesto la semana pasada por el gobierno nacional.“Yo creo que le sirve a todas las provincias”, respondió Rodríguez Signes cuando se le preguntó si le sirve a la provincia de Entre Ríos este Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Profundizó que “las relaciones Nación – Provincias es un asunto muy conflictivo, que no es de este gobierno sino de la historia del país. Todo el tema de la coparticipación, todo el tema del laberinto de la coparticipación, de la complejidad que tiene el tema de la coparticipación, toda la cuestión de las violaciones al sistema de coparticipación, todo el problema de los fondos fiduciarios, los préstamos, las garantías, en fin, el tema tiene una complejidad enorme y la verdad que establecer un canal administrativo, ordenar un canal administrativo para poder sustanciar los reclamos recíprocos, la verdad que es positivo”, valoró.
Agregó que “objetivamente, lo veo como positivo en la medida que no es un régimen coercitivo, no nos están obligando a desistir de demandas o a renunciar a derechos, sino que nos están diciendo, si ustedes tienen un reclamo que hacer, pueden hacerlo por esta vía”.
Respecto de cuáles serían las deudas que Entre Ríos podría cancelar con Nación, respondió tajante: “Ninguna”.
“Porque nosotros no tenemos obligaciones en mora o pendientes de cumplimiento respecto a la Nación”, agregó y aclaró que “hay deudas, sí las hay, pero están regularizadas. Lo único que podría evaluarse es adelantar el pago y con eso lo que obtendríamos sería una mayor capacidad de endeudamiento”.
Concedió que podría pensarse en términos de mejorar el perfil de la deuda, “pero eso es una decisión del Ministerio de Economía de la provincia”, aclaró.
Rodríguez Signes precisó cuáles son las acreencias que Entre Ríos reclama al gobierno central y precisó que la demanda por fondos previsionales proviene de los “pactos fiscales”, entre Nación y provincias firmados en gestiones anteriores. “No estamos hablando de especulaciones o interpretaciones, sino por pactos fiscales que se están incumpliendo”, remarcó.
Explicó que “la provincia no está recibiendo lo que le corresponde recibir para financiar parte de su déficit de la Caja de Jubilaciones. Ahí estamos con una demanda ante la Corte Suprema que la interpusimos porque el gobernador de la provincia adoptó esa decisión e instruyó a la Fiscalía a presentarla y la firmó él, la demanda la firmó él”, insistió.Sobre los excedentes de Salto Grande recordó que “de la misma manera había excedentes impagos en mora que también demandamos”.
Explicó también que “tenemos obra pública cuya situación es la siguiente: la provincia celebró contratos de obra pública, en administraciones anteriores, financiadas con presupuesto nacional. Ese financiamiento se interrumpió, pero la provincia es la contratante de esas obras”, expresó.
Precisó que “estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de pesos y eso también lo reclamamos. Es un reclamo un poco más complejo en lo administrativo porque es obra por obra, pero también a instancias del Poder Ejecutivo, el gobernador nos encargó especialmente que hiciéramos un relevamiento organismo por organismo y se reclamó eso también”.
“Y después hay una cuestión que se está estudiando ahora, que es un viejo planteo respecto a AFIP”, reveló. Detalló que “de la masa coparticipable se detraía un 1.9 por ciento para poder financiar los gastos de funcionamiento de la AFIP. Ahora, con esta idea del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la AFIP y de crear otro organismo, muchas provincias dijeron que no correspondía esa detracción”.
Dijo que “estamos estudiando ese tema, también a instancias del gobernador, está un poco confuso porque con el Pacto Fiscal 2017, yo personalmente entendí que ese tema había sido resuelto, pero evidentemente está flotando todavía, es un conflicto abierto y estamos preparando el reclamo”.
Aclaró sobre este punto que todavía no se puede decir cuáles son los montos en juego.
Fondos previsionales: montos y conceptos
Rodríguez Signes reseñó que para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones “se hace una especie de simulación entre el déficit que se generaría si la provincia hubiera armonizado su sistema previsional con relación a la Nación”.Recordó que en su momento “hubo una discusión: la Nación no nos financiaba el déficit porque decía que no habíamos armonizado las normas jubilatorias en edad y porcentaje de movilidad. En el 2017 se llegó a un acuerdo por el cual se dijo ‘vamos a simular como si las provincias hubieran armonizado y de acuerdo a los resultados que arrojen esos estudios se paga’”.
Detalló que “no se paga el déficit real, (sino) se paga una suma bajo un sistema de simulación y mientras tanto se van haciendo pagos a cuenta. Esos pagos a cuenta se interrumpieron en enero de este año y nosotros demandamos”.
Respecto del monto “si yo hago una liquidación provisoria estamos en los 150.000 millones de pesos”, estimó.
Precisó que los pagos se detuvieron en enero y no se restablecieron más y desde entonces “se comenzaron a hacer las auditorías. La señal que emitió el gobierno nacional es que frente a la demanda nuestra, ellos mandaron el personal para hacer las auditorías y poder hacer la liquidación, pero está transcurriendo casi todo el año y todavía no tenemos una solución de este tema”.
Acerca de si esta fue la contribución de Entre Ríos al déficit cero nacional, respondió que “de Entre Ríos y de todas las provincias. En parte el gobierno nacional ha obtenido el déficit cero incumpliendo el Pacto Fiscal. Esto es objetivo, en parte, no sé cuál es la magnitud, pero la verdad es que sí, hay un incumplimiento”. “Esta no es una especulación”, remarcó, “es una cuestión de incumplimiento. Además, la demanda es una demanda por cobro de pesos”, especificó en referencia a que se trata de un monto ya determinado al que se deberán computar los intereses.
Excedentes de Salto Grande: montos y conceptos
Rodríguez Signes precisó además que “los montos de Salto Grande son excedentes solos, no regalías. Y estábamos hablando de unos 2.500 millones de pesos a lo que hay que actualizar por intereses”.Dijo que “lo que ocurrió (fue que) nosotros demandamos, la Secretaría de Energía fue pagando el capital, el capital lo ha ido pagando, falta la liquidación de los intereses, nos están adeudando de excedentes según el cálculo, o mejor dicho, según las liquidaciones de excedentes conforme las normas vigentes de las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que establecen un precio de energía para Salto Grande”.
Profundizó el concepto en que “la Secretaría de Energía de la Nación fija el precio de la energía que vende Salto Grande y entonces los excedentes están bastante… prisioneros, vamos a decirlo de esa manera -graficó- de la fijación de ese precio que hace la Secretaría de Energía”.
Resumió en que “igual nos debían excedentes, demandamos, pagaron capital, faltan intereses”.
“Lo que Queda del Día” le pidió precisiones sobre el reclamo por diferencias de liquidaciones y explicó que aún no hay demanda en curso: “Todavía no” respondió, pero detalló que “hemos recibido instrucciones del Poder Ejecutivo, a la Fiscalía, a la Secretaría de Energía de la Provincia, a la Cafesg, para estudiar muy a fondo cuál es el sistema por el cual se fijan los precios. Porque hay divergencia entre Yacyretá y Salto Grande”, afirmó.
Dijo que “hay acuerdos incumplidos desde 1946 en adelante, pasando por el de 1998, hay acuerdos incumplidos en el sentido de que hay obras complementarias que no se han hecho. Entonces, con este nivel de excedentes, no se pueden hacer porque son insuficientes”, argumentó y completó que “el gobernador ha instruido el análisis de esa problemática con vistas a demandar”.
Respecto de cuál es el momento de base para la demanda, dijo que “el comportamiento de los excedentes de Salto Grande fue en ascenso desde 1999 hasta 2012 y a partir de 2013 cae abruptamente y llega a niveles casi cero en el 2021-22. Por lo cual, esa es la curva que estamos examinando”, detalló.
Acerca de por qué se produce eso, entendió que “cada año la Secretaría de Energía va emitiendo resoluciones fijando los precios. Entonces, tenemos que hacer el examen de cada resolución y porqué se comporta la curva de excedentes de esa manera, si es irregular, y si es irregular, si tenemos argumentos jurídicos para reclamar la legitimidad de esas resoluciones” , expresó.
Canal válido
Volviendo al tema inicial, sobre el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas que el gobierno nacional puso a disposición la semana pasada, Rodríguez Signes consideró que le daría un contexto más adecuado para negociar “porque en el caso de las deudas que están muy claras, muy fundadas en derecho, es decir, que son inobjetables, me parece que este es un canal válido, porque los plazos que establece el decreto 969, más o menos, se daría un año hasta llegar a un acuerdo. En cambio, los plazos judiciales son mucho más largos”, advirtió. “Entonces -agregó-, si la deuda está muy respaldada legalmente, como para que las partes emitan informes, en el sentido de que la deuda efectivamente existe y está bien liquidada, este es un canal apropiado”.“Ahora, para otro tipo de reclamos más basados en interpretación de las normas, incluso en planteos de inconstitucionalidad, y este no va a ser un canal, porque en sede administrativa no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Eso se logra en sede judicial”, explicó.
