La causa es conocida como Global Means, en relación a la firma que integra el empresario Germán Buffa, beneficiada con contratos de publicidad durante la gestión de Urribarri por una suma de $500 mil. El empresario deberá declarar como imputado el lunes 26 en esta misma causa. Otro de los imputados es el exministro de Comunicación y Cultura y hoy diputado provincial Pedro Báez (Frente Justicialista Somos Entre Ríos-Ex FpV), que lo hará este viernes 23.
Urribarri llegó puntual al Palacio de Tribunales este miércoles. Ingresó a las 7, momento en que también lo hacían los empleados y magistrados del Poder Judicial. Llegó acompañado por sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy. Poco antes de las 8 se retiró del juzgado y se negó a hacer declaraciones, pero sí entregó el escrito de declaración de imputado que le presentó al magistrado.
“Cumplió con su deber de imputado”, se informó desde la oficina del juez Maldonado ante la consulta sobre si Urribarri respondió preguntas. Lo cierto es que Urribarri presentó una declaración por escrito en la que sostiene que la contratación de Global Means SA fue “absolutamente legal”; la selección del contratista “absolutamente regular”; que la tramitación de la contratación fue transparente; negó conocer a la firma adjudicataria del contrato, como así también a sus socios, directores, gerentes y administradores.
Claro que no es la única imputación por manejo irregular de publicidad oficial durante su gobierno. Hay una causa con pedido de elevación a juicio oral por la distribución de $24 millones en publicidad oficial que beneficiaron a empresas ligadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Por esa investigación, al exgobernador lo embargaron en $26 millones y tiene inhibición general de bienes.
“En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación”, dice el punto 5º del escrito.
La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes.
La declaración de Urribarri
En su declaración de imputado, el presidente de la Cámara Baja señaló: “En principio debo negar categóricamente haber cometido alguna ilicitud mediante la conducta que se me endilga o mediante cualquier otra. Y en particular con relación a la contratación que se me adjudica, lo niego en forma terminante aclarando que:1) La contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 1057/12 que la autorizo con los fundamentos sólidos que el mismo explicita, los cuales ratifico ahora completamente.
2) La selección del contratista fue absolutamente regular y no mereció objeción alguna de los órganos de control.
3) El procedimiento respectivo se llevó adelante por las reparticiones y oficinas competentes preparadas y dedicadas a esos menesteres en los que no participé ni siquiera en forma tangencial. Y lo destaco: toda la tramitación (fijación del monto del contrato, adjudicación, ejecución y pago) se desarrolló en absoluta transparencia y legalidad aunque sin ninguna actividad de mi parte.
4) Niego conocer a la empresa “Global Means SA” adjudicataria del contrato, así como a sus socios, directores, gerentes o administradores a quienes jamás en mi vida traté y a los que en consecuencia no conozco en absoluto.
5) En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación.”
“Asimismo y sin perjuicio de mi voluntad republicana de respetar a la Justicia debo decir que la revisión de los actos de gobierno constituye una actividad no judiciable, careciendo el Poder Judicial en consecuencia, de atribuciones y competencias para revisar el ejercicio de las facultades respectivas propias del Poder Judicial (CF. Art. 203 de la CP). El control sobre la oportunidad y el mérito del acto administrativo (administración discrecional) está excluido de la competencia revisora judicial”, continúa Urribarri en su declaración de imputación.
Luego, destacó que la legalidad del gasto público “es controlada en forma previa a la erogación” por la Contaduría General de la Provincia, y en forma posterior por el Tribunal de Cuentas. Remarco que posteriormente, “toda la rendición del gasto público, la llamada ‘cuenta general del ejercicio’, se remitirá al Poder Legislativo que la deberá ‘aprobar, observar o desechar’”.
A su vez, señaló que también “por disposición constitucional el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del Poder Público, como lo establece el art. 209 de la CP”. Para completar el “diagrama de controles” señaló que “el mal desempeño (por ejemplo gastar dinero público con fines de promoción personal) autoriza el juicio político del gobernador, cosa que el denunciante no promovió y que ciertamente no pudo ignorar”.
También dijo que los organismos de control “no solo que han aprobado toda la actividad cuestionada por el denunciante y la Sra Fiscal, sino que tampoco han recibido denuncia de nadie, en especial de quienes han promovido las presentes”.
Por último se remitió al informe jurídico y técnico de la Fiscalía de Estado, que presentó en la indagatoria y en la que sostuvo que “no hay duda alguna” que “el organismo que controla la legalidad de los actos de gobierno, resultó que la forma de contratación, sus características, el modo, no pudieron ser ni tan siquiera objetados en el expediente administrativo”.
La denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino, presentada en 2013 en la Justicia, hizo notar que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, el radical señaló que entre los medios más beneficiados por la inequitativa distribución de la publicidad fueron canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal Lopez), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
En la justicia señalaron que en el caso de Global Means le habría otorgado esa cifra importante en publicidad “cuando no reunía los requisitos para su otorgamiento”.
