Se propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no. Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.
La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal, brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.
El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado, los delitos más graves del código penal. Los que tengan una prisión en abstracto superior a los 20 años.
El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho.