¿En qué consiste la queja?
Los abogados penalistas aportaron su visión sobre esa iniciativa legislativa, cuestionaron la idea del Gobierno y opinaron que en vez de reformar el artículo 2° de la Ley N° 10.746 de Juicios por Jurados se debería cambiar el artículo 46°, que fija la remuneración para los jurados populares, de modo de bajar el costo de realización de cada juicio por jurados. El Colegio de la Abogacía los desautorizó por cuanto, dijo, la entidad se ha mantenido neutral en esa discusión legislativa. Dijo que el Instituto de Derecho Penal “carece de representatividad y facultades para presentar proyectos de leyes sin que ello sea previamente autorizado por el Consejo Directivo de la institución”.
“Estos abogados y abogadas, matriculados y matriculadas de toda la provincia de Entre Ríos quienes son profesionales liberales que cotidianamente ejercen el Derecho Penal en los estrados judiciales, han votado por unanimidad oponerse al actual proyecto de reforma de la Ley 10.746 y, aportamos una propuesta a la Legislatura que creemos humildemente que puede ser superadora y, permita a nuestros representantes tener la mayor cantidad de elementos a disposición para tomar aquella decisión más adecuada para tener mejores leyes”, señalaron desde el Instituto de Derecho Penal.
Y agregó: “La Comisión Directiva del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos confunde las facultades de los matriculados y matriculadas con el rol institucional”. Al respecto, aseguraron que “la Comisión Directiva del Colegio de la Abogacía no puede desautorizar ni impedir ni censurar que a los profesionales liberales matriculados en el Colegio y que cotidianamente ejercen el Derecho Penal en los estrados judiciales hagan propuestas y presentes ideas ante la Legislatura. Más aún, actualmente se están realizando las gestiones necesarias para crear formalmente como una ONG el Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos que, de hecho, ya existe. Acto que no puede tampoco prohibir el Colegio de la Abogacía”.
Incluso, dijeron, “esta propuesta fue acompañada por otras entidades como la Asociación de Víctimas de Crímenes Aberrantes (VIDAER) Asociación de Pensamiento Penal (APP), Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)”.
