Por las dimensiones y los servicios que prestan, estos centros de salud cuentan con importantes planteles de personal: “Los costos laborales (sueldos y honorarios) representan el principal componente de sus erogaciones mensuales (más del 75% del total), de ineludible pago puntual”.
“Los aumentos desmedidos en los precios de los medicamentos y de elementos descartables, muchos de ellos dolarizados, de los servicios contratados y gastos fijos como los impuestos nacionales, provinciales y municipales, impactan sobre ingresos alicaídos, cuya actualización dista un abismo de acompañar el ritmo de la inflación”, hicieron notar en un comunicado.
“Debe tenerse en cuenta que el proceso inflacionario impacta muchísimo más en las prestaciones sanatoriales que en otros sectores de la vida social, puesto que entre la efectiva prestación de los servicios, su facturación y el cobro pasan 60 días o incluso más”, agregaron en el mismo sentido.
Sin perspectivas de una hipotética recomposición de los ingresos en un futuro próximo, “todo se combina para agravar un desfinanciamiento que, más temprano que tarde, conducirá a las instituciones de salud privadas hacia el abismo de la cesación de pagos”, advirtieron desde la entidad que los agrupa.
También destacaron que las instituciones privadas están enmarcadas en la legislación impositiva nacional, provincial y municipal “como una actividad general similar -o incluso peor- que una comercial, siendo otro factor que erosiona también los ingresos facturados”.
Las clínicas y sanatorios privados constituyen en Concordia “un servicio de salud de calidad, con compromiso pleno y también una fuente genuina de empleo para muchísimas personas, tanto en forma directa como indirecta”, dice el documento, “por lo que representan para el desarrollo de la ciudad y de la provincia, es de suma gravedad llegar al límite de no poder sostener la actividad”.
En medio del contexto descripto, la cámara que los nuclea a nivel local “procura hallar soluciones” y para ello mantiene diálogo con financiadores (obras sociales, prepagas y aseguradoras), “en pos de conseguir respuestas justas y equitativas que contemplen la angustiante realidad del sector”.
Para concluir su declaración, señalaron como clave “la participación e intermediación de autoridades gubernamentales correspondientes, tanto nacionales como provinciales y locales, para propiciar consensos y equilibrios a fin de sostener esta actividad tan esencial, evitando la quiebra de los establecimientos y garantizando que puedan continuar prestando un servicio tan esencial como es la salud”.
