Especulaciones que empezaron a correr en las últimas horas descartarían la realización de audiencia oral para tratar las peticiones de la defensa y el trámite se continuaría en forma escrita. La razón sería que la agenda de la Sala Penal no permitiría fijar fecha de audiencia en lo inmediato. Y de lo que se trata es de resolver con premura la situación de personas que están encerradas en la Unidad Penal: la impugnación extraordinaria incluye a Urribarri, condenado en el megajuicio a 8 años de prisión, y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a 6 años y 6 meses.
Distinta es la situación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado a 6 años y 6 meses. Su encarcelamiento se ordenó el viernes 22 de noviembre a partir de un fallo dividido del Tribunal de Juicios y Apelaciones. En su caso, los defensores Ignacio Díaz y José Velázquez acudieron con una apelación ante la Cámara de Casación Penal, que el viernes 6 escuchará sus argumentos en una audiencia pública.
Ya quedó conformado el tribunal para tratar la impugnación extraordinaria de Urribarri –a quien defienden Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa- y de Aguilera –representado por Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen- luego del rechazo a la inhibición que había presentado la vocal Gisela Schumacher, que había argüido “violencia moral” por cuanto a raíz de un pronunciamiento previo en la causa Megajuicio, en la que Urribarri fue condenado a 8 años de prisión, fue denunciada ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Son tres presentaciones. La primera, impulsada por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, fue rechazada; pero resta una segunda, ampliatoria de la primera; y otra de la ONG Entre Ríos sin Corrupción. La Sala Penal, conformada por los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Carlos Tepsich, no hizo lugar a la petición de Schumacher.
De modo tal que la Sala se integró con los jueces Giorgio, Carlomagno y Schumacher.
Ahora, resta el tratamiento del recurso.
Una posibilidad que circuló en las últimas horas planteó que no habría audiencia, y que la impugnación extraordinaria se tramitaría en forma escrita en función de que no habría lugar en la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para que la Sala Penal se aboque a su tratamiento en forma oral.
Es por eso que se aguardaría para inicios de la semana hábil judicial una resolución que ordenaría la tramitación del recurso en forma escrita. En ese caso, darían cinco días a la defensa, y cumplido ese plazo, cinco días a Fiscalía para ampliar sus argumentos.
Luego de ese plazo recién ocurriría la resolución de la Sala Penal.
Las defensas de Urribarri y de Aguilera podrían renunciar a ese plazo de cinco días y realizar sus presentaciones en forma perentoria, en un plazo muchísimo más breve por cuanto se trata de resolver la situación de personas encarceladas.
