El 14 de enero, el juez de feria José Antonio Reviriego tomó nota del fallo del Superior Tribunal de Justicia, que dictaminó en contra de su excusación para tratar el amparo que presentó Goyeneche y libró “mandamiento en la persona del Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, para que dentro del término de 7 días de notificado informe la exactitud del hecho que motiva la demanda y en caso afirmativo en qué fundan su actitud, haciéndoles saber que la recepción del mandamiento importa el traslado correspondiente y la oportunidad de ser oído”.
El período de feria del juez Laboral José Antonio Reviriego ya expiró. Ahora está la jueza Civil Elena Albornoz, que tendrá que continuar con el amparo de Goyeneche. La suspendida procuradora adjunta presentó amparo “contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, según planteó en su escrito patrocinado por el abogado Enrique Pita, en virtud de la resolución emitida por el Jurado de Enjuiciamiento el 30 de noviembre de 2021: “Mediante dicho acto, la demandada decidió la apertura del enjuiciamiento a la suscripta y, por mayoría de 5 votos, y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y división de poderes -en su aspecto de independencia judicial- y estabilidad en el ejercicio del cargo” -apunta- resolvió “la suspensión en sus funciones como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, hasta el veredicto definitivo”. Además, el Jurado de Enjuiciamiento ordenó “separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal”.
El gobierno tiene plazo hasta este viernes 21 para responder al amparo de la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción. De igual forma, una fuente del gobierno admitió a Entre Ríos Ahora la sorpresa que generó ese traslado dispuesto por la Justicia. De todas maneras, desde el Poder Ejecutivo ya comunicaron al tribunal que tramita el amparo que se daban por notificados de ese traslado. “Pero advertimos un problema: fue notificado el Gobernador, y el Gobernador no interviene en el jury. Es un problema jurídico importante este que se plantea. ¿Cómo vamos a hacerlo intervenir al Gobernador si el Gobernador no fue quien dictó el acto ni el responsable de haberlo dictado”, apuntó la fuente.
