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Cerca de la conexión Rosario-Victoria, en la isla Charigüe y en terrenos que pertenecen a la Municipalidad de Rosario bajo jurisdicción entrerriana, el empresario Enzo Rómulo Mariani mantiene una construcción que sobresale por su majestuosidad: una casona con pileta, galpón y potreros para la cría de vacas, amurallada con un terraplén ilegal de 12 kilómetros de extensión para protegerla de las crecidas y permitir el traslado de ganado y maquinaria, describió el periodista Claudio de Moya, para el diario El Ciudadano.

La irregular permanencia de esa propiedad del ganadero –dueño del complejo náutico Henry Morgan de barrio La Florida en Rosario– se prolonga a pesar de los reveses judiciales que sepultaron su intento de quedarse con 807 hectáreas. Mariani ya no tiene tribunales a los que acudir, porque hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación le cerró la puerta a sus pretensiones. Ahora, el Ejecutivo rosarino espera la resolución de otra acción que interpuso para la toma de posesión efectiva de los terrenos usurpados, parte de los que fueron donados a la ciudad por Carlos Deliot en la década de 1940.

El 28 de mayo último, el máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario presentado por Mariani luego de varios fallos en primera y segunda instancia contrarios a su estrategia para quedarse con el terreno que ocupa. La casa, los corrales, el galpón y la pileta están en el borde de lo que la Municipalidad estableció como la reserva Los Tres Cerros, un área que pretende consolidar como proyecto de conservación con la designación de ese territorio, por parte de Entre Ríos, como parque natural.

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Poco antes, el 8 de mayo, el fuero Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había rechazado la vía extraordinaria federal que planteó Mariani al sentirse agraviado por una resolución que, en diciembre previo, rechazó el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia vecina. Su objetivo era que se revisaran los fallos de primera y segunda instancia que le denegaron la posibilidad de reclamar las tierras a través del juicio de usucapión.

Mariani acumula adversidades en la justicia en su voluntad de legalizar la usurpación. A finales de 2022, el Tribunal de Casación de Entre Ríos rechazó otra de sus quejas contra un fallo que exponía la flojedad de papeles con los que esgrime sus pretensiones.

En mayo de ese año, la Cámara Penal de Paraná había ratificado un fallo del ‎Juzgado Civil y Comercial de Victoria a cargo de Luis Francisco Márquez Chada, para quien el ganadero no pudo acreditar, con los boletos de compra de los terrenos a presuntos puesteros o lugareños, el derecho de posesión por una ocupación de 20 años, lo que se conoce como usucapión. Aunque Mariani aseguró que esa operación se remontaba a 1968, el juez señaló que había iniciado la posesión en 2003. Incluso, destacó que “no se probó la posesión de sus antecesores ni la vinculación jurídica invocada”.

El ganadero utilizaba para su estrategia a un puestero llamado Ambrosio Flores, quien según su reclamo le había vendido las hectáreas que ocupa. La Justicia ratificó que no le corresponde el derecho de usucapión porque no está demostrado que el hombre haya vivido ahí 20 años ni hay prueba certera de posesión real de las tierras que traspasó al dueño de Henry Morgan. Flores, además, había iniciado antes su propio reclamo por usucapión, que el municipio de Rosario ganó en los tribunales entrerrianos. Ambos tampoco pudieron comprobar el pago de impuestos que requiere ese instituto por el que se concede el derecho de dominio.
Nueva presentación, para que no se dilate más
El ganadero parece tener cerrados todos los caminos para continuar con su reclamo, pero aún puede sumar trabas procesales para dilatar el momento en que la Municipalidad de Rosario tome posesión efectiva del terreno ocupado. Es por ello que el Ejecutivo local interpuso a principios del año pasado otra acción en la justicia entrerriana para asegurar esa instancia mediante la definitiva determinación de que es titular de las tierras. Y para que se proceda a su devolución, si es necesario, mediante el uso de la fuerza pública. Lo hizo luego de que, en septiembre de 2022, pudo finalmente –solucionado un traspapeleo de expedientes que no fue el primero en una larga historia– inscribir las parcelas en el catastro de Victoria y cumplir con el pago de los tributos correspondientes. Para reforzar ese pedido, que en su caso ya no es una demanda contra el usurpador, se añadió el pedido de una medida cautelar con un embargo sobre las 1.392 hectáreas que el empresario posee en las islas entrerrianas. A partir de entonces, hubo dos instancias de mediación. Sin embargo, la usurpación continúa.

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El derrotero es extenso. El expediente por el legado Deliot se inició en Rosario y la declaratoria de herederos se inscribió en 1999 en Victoria, jurisdicción a la que pertenecen los lotes en el Charigüé. Los papeles habían sido ignorados medio siglo desde la muerte del adinerado contador y empresario inmobiliario que donó a la Municipalidad los terrenos isleños y otras 600 propiedades dentro de la ciudad. Las miradas volvieron a posarse sobre esos viejos papeles cuando Entre Ríos solicitó la expropiación de unas 14 hectáreas del legado en el Charigüé para la traza del viaducto interprovincial, que en principio fue diseñado sobre pilotes y luego modificado, por el apuro y los costos, para terminar construyéndolo sobre un terraplén ambientalmente perjudicial.

El conocido como Puente Rosario-Victoria fue inaugurado en 2003. Con la inscripción de los terrenos en las islas, el entonces intendente Hermes Binner anunció que en el lugar se haría una reserva natural, aunque la idea durmió largo tiempo. Entre 2005 y 2006, el legado delimitado por los ríos Paranacito y Lechiguanas fue mensurado e inscripto en el Catastro de Victoria. Después, hubo otros inconvenientes: en abril de 2015, se supo que habían desaparecido del juzgado Civil y Comercial Nº 3 los antiguos documentos que atestiguaban las donaciones de Deliot, cuya interpretación también fue motivo de controversias. Poco después reaparecieron, pero quedó la sospecha de una maniobra oscura.

La extensión de los terrenos rosarinos en las islas de jurisdicción entrerriana no es menor: son, con las salvedades del caso por la dificultad de mensurar superficies de humedales que se modifican al compás de las crecientes y bajantes del Paraná, unas 2.204 hectáreas. Esto es casi el dos por ciento de la extensión urbanizada de Rosario, que asciende a 120 mil hectáreas. O el equivalente a 20 veces la superficie del Parque Independencia. En parte de esa superficie, compuesta por dos lotes grandes y varios más pequeños que no son colindantes, se estableció la reserva de los Tres Cerros. Son unas 600 hectáreas bautizadas en homenaje a la población chaná que habitó las islas.
La conexión a Victoria y la amenaza al humedal, inicio de más problemas
Terrenos como los que usurpa Mariani se volvieron más codiciados con la inauguración de la traza interprovincial de la ruta 174. La obra permitió un fácil acceso por tierra a una superficie insular a la que hasta entonces sólo se podía llegar por agua. Y aumentó el interés por implantar allí explotaciones ganaderas que estaban siendo relegadas de otras zonas por el avance de la frontera agrícola al compás de la rentabilidad de la soja, cultivo estrella en el país desde que a mediados de la década del 90 se autorizó el paquete tecnológico de semillas genéticamente modificadas y glifosato.

La ganadería en islas no era nueva, pero lo que desató el alerta fue una escala creciente que pone en riesgo el frágil equilibrio del paisaje de humedales. También, por intervenciones como la de los terraplenes para el traslado del ganado, que alteran los patrones de escurrimiento del agua en el interior isleño. Y, ahora de nuevo sobre el tapete, la quema de pasturas para su ablande que, en un escenario climático de fenómenos extremos, es potencialmente devastadora.
Todos los fuegos, el fuego
Mariani también está involucrado en causas civiles y penales abiertas a partir de 2020 por los incendios de ese año en el Delta, los más graves desde los ocurridos en 2008. De acuerdo a un informe del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable fechado en noviembre de 2020, se quemaron entre enero y septiembre de ese año de pandemia 328.995 hectáreas en los humedales del Paraná. La mayor parte, en jurisdicción entrerriana (86%), seguida en afectación por la bonaerense (8%) y por último la santafesina (6%).

El fuego arrasó, según el mismo relevamiento, 173.816 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (85% en la Reserva de Usos Múltiples de Victoria, donde están los lotes del Legado Deliot, y 14% en el Sitio Ramsar Delta del Paraná).

En el desagregado, el informe detalla que las llamas consumieron 2.402 hectáreas de Bosque Nativo y 1.768 hectáreas de bosque nativo categoría Rojo (de alto valor de conservación que no debe desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y debe mantenerse como bosque).

En las Zonas Ganaderas se quemaron 290.003 hectáreas, de las cuales el 52% ocurrió en el área que corresponde a productores grandes y el 33% en la que clasifica a explotaciones familiares y pequeñas. Y en cuanto a las forestaciones, se perdieron 300 hectáreas, 289 de sauce y 11 de álamos.

Imágenes satelitales permitieron entonces detectar los “puntos calientes” referenciados con las quemas. Entre ellos, los que estaban dentro de las 2.762 hectáreas que abarca la estancia “La Catalina” de Mariani, que incluyen las 807 que ocupa en los terrenos que pertenecen a Rosario.
Fuente: El Ciudadano - Claudio de Moya

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