La medida respondió en ese momento a “una emergencia hoy superada, por lo que resulta apremiante la reactivación de una actividad productiva clave para la región”, sostuvieron en una declaración conjunta titulada “Una cautelar perniciosa para el desarrollo y la permanencia de la población en las islas”.
Para mantener y mejorar las prácticas ganaderas, Farer y CRA consideran esencial “realizar ciertas acciones de manejo que aseguren el bienestar animal y el uso responsable del ambiente”. Además, señalan que las tareas de dragado y mantenimiento de caminos “son cruciales para el acceso, la seguridad y la prevención de incendios en estas zonas, pero, justamente la vigencia de esta medida judicial -dictada en 2020 por el Juzgado Federal Nº 2 de Paraná- imposibilita acciones en ese sentido”.
“Es una verdad incontrastable que la producción ganadera en islas ha sido una práctica sostenible durante más de 200 años, integrándose de forma armónica con el medio ambiente”, manifestaron.
A su vez, ambas entidades rurales evocan argumentos técnicos y profesionales “que dan cuenta que ese fallo hoy resulta extemporáneo, por lo que en consonancia con la Municipalidad de Victoria y otras entidades, instamos a las autoridades competentes a eliminar la medida con la urgencia que la situación requiere”.
“De su levantamiento dependen el desarrollo económico y la permanencia de la población en el territorio insular”, advirtieron.
