Previo a ello, en su último año de gestión el gobierno no podrá nombrar, recategorizar ni transferir empleados de planta permanente dentro de la administración pública.
En cuanto a las contrataciones y licitaciones, la nueva norma contempla que durante la transición no se podrán iniciar procesos de licitación o contratación que superen lo presupuestado, sin autorización expresa de la Legislatura.
Además, la ley prohíbe incrementar erogaciones con fondos no previstos en el presupuesto.
Por otro lado, el gobernador electo obligatoriamente deberá recibir 30 días antes de asumir un informe público con detalle de situación financiera, cantidad de personal, de juicios que tiene la administración, listado de compromisos a pagar y todo dato de interés, cuyo incumplimiento será plausible de sanción civil, penal y/o administrativo.
Al destacar los alcances de la normativa, el senador Rafael Cavagna destacó que “esta ley busca evitar medidas apresuradas en los finales de gestión y garantizar una transición ordenada y transparente”.
