La pugna por en torno a las fumigaciones cerca de escuelas rurales no tiene punto final. El Gobierno entrerriano, en su afán de terminar con la discusión entre las organizaciones ecologistas, las entidades el campo y la Justicia, publicó un decreto en el que regula la cuestión, pero la disputa continuará. El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron ante un tribunal un amparo colectivo ambiental, con el objetivo de declarar la "nulidad y/o inconstuticionalidad y revocación del decreto N° 2.239/19", publicado el 5 de agosto último en el Boletín Oficial.
Mismo camino recorrido
Como consecuencia del primer amparo presentado por las organizaciones, en marzo de 2019, el camarista Andrés Marfil dictó la nulidad parcial del decreto N° 4.407, emitido el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser "inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado" en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).Este segundo amparo fue presentado en el mismo tribunal que ya declaró inconstitucional un decreto del Ejecutivo: la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran Andrés Marfil, Virginio Galanti y Valentina Ramírez Amble. Las organizaciones denunciaron como clase afectada a "todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos".
