El magistrado resolvió “dar un plazo hasta el día de mañana 22/10/2020 a las 12:00 horas para que las partes incorporen la prueba que han ofrecido en la presente audiencia”. Se especula que recién el viernes decidirá si hace lugar al pedido de desalojo presentado por Leonor Etchevehere, madre del exministro Luis Miguel y de Dolores, la mujer que dijo haberle donado a Grabois el campo ocupado la semana pasada.
La audiencia, que se desarrolló mientras en el acceso a la estancia tenía lugar una protesta que unió a entidades agropecuarias de la provincia y del país, incorporó a actores que no es habitual que participen de instancias en los tribunales de la justicia provincial. Por ejemplo, en la sala estuvo la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Dra. Gabriela Carpineti, asistida por la abogada Dra. Paula Soledad Casal, como su Auxiliar Técnica.
La presencia de Carpineti confirmó en los hechos que el gobierno nacional se involucró en forma directa en el conflicto. Este dato, no menor, se vio reforzado cuando, pasadas las 20,30, se incorporó, vía videoconferencia, la Doctora María Victoria Donda, titular del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
Donda, coincidentemente con el momento en que los hermanos Etchevehere conseguían ingresar a Casa Nueva, denunció que “en este instante están ingresando personas al campo amenazando de muerte a quienes están dentro del predio”. El Fiscal Oscar Sobko se retiró de inmediato. Según el acta de la audiencia, regresó luego para “informar las comunicaciones recibidas en virtud de la situación planteada por la Dra. Victoria Donda y las instrucciones impartidas al Sr. Jefe de la Jefatura de Policía departamental La Paz”.
Otro dato que surge de la documentación de la audiencia es que el abogado Rubén Pagliotto, representante legal del querellante particular Las Margaritas S.A., solicitó “que el escribano ingrese a la Sala, se lo releve del secreto profesional, a fin de exhibir documentos que considera necesarios”. Aunque el acta no lo explica, es de suponer que el letrado pretendía que fueran exhibidos papeles mediante los cuales Dolores Etchevehere habría cedido derechos sobre la estancia ocupada por Proyecto Artigas, y una certificación de que es su firma la estampada al pie.
Mañana jueves al mediodía es el plazo límite que tienen las partes para presentar más pruebas y el viernes se aguarda que el juez Flores adopte una resolución.
