Piérola investiga el presunto enriquecimiento ilícito
Esta vez, embistió contra el fiscal Álvaro Piérola, que interviene en la causa por enriquecimiento ilícito contra la pareja y también en la que se acusa a Rossi por sobreprecios en obra pública que está en pleno juicio oral. Se da la particularidad de que ahora su defendida Díaz preside el Jurado de Enjuiciamiento donde el letrado radicó su última denuncia.
La denuncia habla de “deliberada morosidad”
Reggiardo formuló denuncia por “mal desempeño” contra Piérola y solicita “la apertura del procedimiento de remoción, su suspensión y oportunamente su destitución”.En el escrito, dijo conocer a Piérola “por su militancia política en el peronismo junto a la doctora Rosario Romero de quien además de yerno era secretario y asesor cuando ella era funcionaria de la Municipalidad de Paraná entre 2007 y 2011”.
“Junto a otro joven Alejandro Cánepa eran las espadas de quien paso luego a la Cámara de Diputados, batiendo en ese momento un record de todos los tiempos entre las que según me dicen de fuente que no puedo revelar, estaba la condenada por narcotráfico Griselda Bordeira, trabajando junto a quienes hoy intentan estirar la continuidad de una causa armada por una nota periodística y donde ocho años después del inicio sigue en las preliminares”, añadió.
Reggiardo habló de “una deliberada morosidad y un inexcusable desconocimiento del derecho al no imprimir el trámite constitucional previsto para una legisladora, faltando al principio de buena fe evidenciando mal desempeño en sus funciones”.
Señaló, además, “generan un conflicto de poderes avanzando sobre un legislador que mal que les pese representa a más de 80 mil entrerrianos del departamento La Paz, queriendo mantenerla atada a una causa que no ha logrado siquiera cimientos para convocarla a justificar nada”.
Sobre el patrimonio de Rossi
Más adelante, el abogado se refirió a que “el patrimonio del matrimonio es público y dista mucho de la condena por 5 millones de dólares por la que Rossi fue ilegalmente condenado y la justicia internacional se encuentra revisando el fallo, muy mal que le pese a algunos medios periodísticos, ya que no solo tiene trámite sino que el Estado argentino ha tomado intervención y contestado traslados”.“Sin modificar el auto de apertura de causa, que es la nota periodística, cuyo contenido está desmentido con pruebas aportadas y que luego llegaron mediante oficios, ahora parece investigar lavado de activos o poner en auditoria permanente el patrimonio investigando incluso hasta el año 2022, seis años después de abierta la causa y 20 años después de la adquisición de títulos”, acotó.
Luego reitera que a su entender hubo mal desempeño “desde el momento mismo que la causa se inicio a horas de que la CIDH reabriera la causa contra Rossi y Análisis publicara la supuesta existencia de un millón de dólares en efectivo y títulos por determinada cantidad, mayor a la real, que fueron trazados y se ha acreditado que están por lo menos desde octubre de 2007”.
“Tras varios aportes nuestros que eran desestimados se fue llegando al último oficio de febrero de 2022 que cierra definitivamente cualquier sospecha sobre los activos en bonos que finalmente fueron exteriorizados y pagados”, reconoce Reggiardo más adelante.
“A los pedidos a AFIP tuvo varios años para hacerlos y no los hizo, sino que se sale del objeto de la investigación, ya que de alguna manera para seguir con la causa abierta permite montar una especie de auditoria permanente y sostenida que llega hasta obligaciones del año pasado como la declaración jurada de ganancias del año 2022 o de 2019, año en que ninguno de los dos era sujeto obligado de nada ya que desde 2011 Díaz no ejercía ningún cargo”, precisa.
“Hay una causa cimentada en dos mentiras”, expone luego. “Solo hay unos bonos, que no constituyen enriquecimiento alguno, y se ha incluso acreditado que son anteriores al mandato de Díaz como diputada, ya que desde ahí pueden invertir la carga de la prueba y en carácter de funcionarios acusarlos, por lo que los famosos bonos están fuera del periodo de sospecha”, agregó.
Mencionó al procurador y un periodista
Más adelante en el escrito, Reggiardo sostiene que Piérola ejecutó “instrucciones de Jorge García con una nota apócrifa de Daniel Enz cuya falsedad absoluta está probada” para “seguir indagando sin relación con el objeto de apertura de causa” al formular un pedido de levantamiento del secreto fiscal de Díaz y Rossi en 2017.
La “mesa judicial”
En su escrito, Reggiardo coloca a Piérola en el entramado de una supuesta “mesa judicial” cuyo funcionamiento describió de la siguiente manera:“El año pasado Rosario Romero en una reunión en Santa Elena y en otra en Paraná aseguró que Piérola acompañaría el sobreseimiento. De hecho, en Tribunales medios hablaron de un encuentro en los pasillos donde Piérola me aseguro que así sería, así como en un encuentro en Paraná donde Romero aseguró que estaba todo hablado con ‘Alvarito’, a quien seguro después de la interna del PJ donde Rossi la enfrentó y cambió nuevamente”, reseñó.
“De hecho, nos dijo que al juez Ruhl lo controlaba, ya que en el decreto 51/18 había nombrado con apenas 19 años en el Estado a su hijo Matías Eduardo, y cuatro años más tarde con el decreto 2161/22 (octubre, asegurándose así que la llegada de Frigerio lo encontrara con un año y dos meses de planta, gozando de estabilidad)”, añadió.
Más adelante, indicó que “a la senadora Díaz se le han empezado a motorizar las causas desde su asunción en el Jurado de Enjuiciamiento, con una sincronizada denuncia de Alejandro Cánepa, reapertura de causa de Piérola y Rosario Romero, y por lo tanto debe ser notificada esta situación a la cámara, siendo que no hay medidas urgentes, y entendemos que Piérola solicitó medidas inconducentes solo con el fin de reimpulsar la causa”.
“Todo se puede ver al analizar los pedidos, que ya no se hacían porque Romero aseguró que no nos iban a perseguir más, hasta la interna del PJ cuando no accedieron a apoyar a José Cáceres y ella lanzó este operativo”, acotó.
“Desde el primer día se nos rechazó el aporte de cualquier documento, ya que nosotros habíamos ofrecido toda la documentación que recién seis años después vía exhorto llegó desde Uruguay y ahora dos años después repiten un pícaro pedido”, prosiguió.
“Siempre se dijo que los títulos habían estado en resguardo del banco hasta 2016, fecha en que pasaron a otra entidad, pero siempre estamos hablando de los mismos valores. El banco ya expresó que en 2016 lo transfirió por una política de la entidad, y Piérola sigue investigando no sabemos qué. Evidentemente, sin dar noticia, ha ampliado el objeto de la investigación sin notificar y sin observar sus obligaciones constitucionales”, expuso.
“Abona la teoría de manejo político de las causas dos actos administrativos ilegales que firma uno Romero y otro García, donde ella pasa a planta permanente del Ministerio Público Fiscal a un empleado del Ministerio de Gobierno, de un poder al otro, sin concurso, sin antecedentes, a ser nada menos que relator titular de la Procuración. ¿Si ahí no hay una influencia en la estructura judicial, dónde la hay?”, indagó Reggiardo.
“Denunciado este hecho nadie lo ha investigado con la premura con la que una mentira periodística de Enz sostuvo ocho años una causa, donde hace dos que hay una contestación contundente y desincriminatoria del Uruguay que Piérola desconoce y efectúa un exhorto con preguntas sin precisión a una firma para intentar alongar los plazos y sobre una tenencia legal y acreditada sostener una causa derrumbada con una contestación contundente como la que hubo”, agregó.
“Además deja entrever delitos de lavado de activos (sobre los que no tiene competencia) y que él bien sabe que han sido fiscalizados y no han tenido consecuencias administrativas y jamás han sido sujeto de persecución penal tributaria, que también es federal, porque sus patrimonios distan mucho de las operaciones que conllevan ese tipo de delitos”, continuó.
“Como se observa, lo que ha hecho periódicamente es hacerle ‘mantenimiento’ a la causa para tenerla abierta sin respetar plazos ni procedimientos constitucionales”, completó el abogado.
