El presidente de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, explicó que “resulta imperioso aggiornar una ley que es anterior a la reforma constitucional de 2008 y establecer, entre otros, mecanismos explícitos de desestimación de las denuncias que sean manifiestamente improponibles o se utilicen solo como instrumento de presión de magistrados y magistradas del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos”.
“Si bien los actuales artículos 20º y 25º de la Ley 9.283 autorizarían su desestimación sin más trámite, creemos que la reglamentación específica del instituto del rechazo in limine y su procedimiento, entre otras reformas, otorgará claridad y mayores facultades al Jurado de Enjuiciamiento para fijar los límites de su actuación y competencia, y evitará los abusos o la utilización interesada de aquella institución de control”, señaló Cánepa, en declaraciones publicadas en el portal Entre Ríos Ahora.
Frigerio recibió a la conducción de la Asociación de la Magistratura junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño. “Nos sentimos gratificados de que el Gobernador, los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo compartan nuestra preocupación y se comprometan a trabajar y pensar en una nueva Ley, con nuestra participación”, resumió Cánepa.
La Asociación de la Magistratura ya ha expresado sus reparos respecto de la Ley de Jury y la necesidad de aplicar cambios. Lo dijo en relación a la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de la jueza de Familia de Paraná Rosario Moritan.
En función de ese planteo, desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos observaron que “la generalización y/o naturalización de pedidos de enjuiciamiento fundados en la disconformidad con resoluciones judiciales respecto de las cuales se cuenta con los remedios recursivos que las mismas leyes procesales otorgan, desnaturalizan la finalidad del jurado de enjuiciamiento, afectando la independencia de quienes ejercen la magistratura y la función judicial”.
En ese marco, aspiraron a “una necesaria y pronta reforma de la Ley de Jury que permita, entre otras modificaciones y aggiornamientos, salidas alternativas y tempranas a la apertura del proceso para evitar presiones indebidas por sobre quienes ejercen la magistratura y/o la Función Judicial”.
